JUEZ ORDENA DEMOLER LA CONSTRUCCIÓN DEL ARCO DE BIENVENIDA EN LOS BAÑOS DEL INCA

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JUEZ ORDENA DEMOLER LA CONSTRUCCIÓN DEL ARCO DE BIENVENIDA EN LOS BAÑOS DEL INCA

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El Tercer Juzgado Especializado Civil de Cajamarca resolvió paralizar y devolver a su estado inicial la obra del Arco de Bienvenida que ejecutaba la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca en la primera cuadra de la avenida Manco Cápac. La sentencia responde a la demanda de amparo presentada por los vecinos Walter Manrique, Margot Bardales, Wilian Silva y Carlos Yumbato, quienes denunciaron que el proyecto ponía en riesgo su derecho a la vida, la seguridad vial y un ambiente urbano sostenible.

Los pobladores argumentaron que la obra se estaba levantando en un lugar distinto al aprobado en los estudios de preinversión, carecía de socialización y licencia social, y afectaba directamente la berma utilizada por peatones, ciclistas y deportistas, reduciendo la visibilidad y aumentando el riesgo de accidentes en una vía de alto tránsito. Pese a los memoriales y pedidos de paralización respaldados por cientos de firmas, la comuna distrital, encabezada por el alcalde Jaime Mantilla Silva, siguió adelante con la construcción.

En su defensa, la Municipalidad aseguró que el proyecto cumplía con los parámetros técnicos y que la vía adecuada para cuestionar la contratación era la Ley de Contrataciones del Estado. Sin embargo, la jueza Gladys Pérez Alarcón declaró infundada esa excepción y, en su sentencia del 19 de septiembre de 2025, determinó que la obra constituía una amenaza real e inminente contra la población.

El fallo declara fundada en parte la demanda de amparo y ordena que la Municipalidad cese la ejecución del arco y reponga las cosas al estado anterior a la obra, es decir, que deje el lugar en su estado inicial, garantizando así la seguridad y derechos de los vecinos. Asimismo, se dispuso que la comuna asuma los costos del proceso, mientras que el extremo referido a la vulneración de la integridad psíquica fue declarado improcedente.

Con esta decisión, la justicia remarca que ninguna autoridad puede ejecutar obras que, lejos de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, pongan en riesgo su seguridad y bienestar, y que cualquier proyecto debe respetar tanto los estudios técnicos como la licencia social de la población.

Fuente: Radio Campesina

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