La exmandataria Dina Boluarte enfrenta una situación legal compleja tras dejar la Presidencia de la República. De confirmarse su responsabilidad en alguno de los procesos abiertos en su contra, la legislación peruana establece que deberá reembolsar al Estado los gastos asumidos para su defensa legal, financiada con recursos públicos.
Esta obligación se sustenta en la Ley del Servicio Civil, que regula el otorgamiento de defensa estatal a funcionarios y exfuncionarios, precisando que el beneficio solo se mantiene si no se acredita culpabilidad al cierre de los procesos judiciales o administrativos.
DESPACHO PRESIDENCIAL RESUELVE CINCO SOLICITUDES DE DEFENSA LEGAL
Desde el 17 de febrero de 2026, el Despacho Presidencial evaluó cinco pedidos de patrocinio legal presentados por la exjefa de Estado. Como resultado, cuatro solicitudes fueron aprobadas y una declarada improcedente, tras determinar si los hechos investigados estaban relacionados con el ejercicio de la función presidencial.
La decisión marca un precedente importante sobre el uso de recursos públicos en la defensa de exautoridades investigadas por presuntos delitos cometidos durante su gestión.
ESTADO RECHAZA DEFENSA EN CASO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
El Estado negó asumir la defensa legal de Boluarte en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito agravado, al considerar que los hechos imputados no guardan relación directa con las funciones propias del cargo presidencial.
La Fiscalía de la Nación investiga un presunto incremento patrimonial no justificado, superior al medio millón de soles, ocurrido entre marzo y diciembre de 2024. Esta carpeta fiscal se encuentra en etapa preliminar y es uno de los procesos más delicados que afronta la exmandataria.
CUATRO INVESTIGACIONES SÍ CONTARÁN CON DEFENSA ESTATAL
El Despacho Presidencial aprobó el financiamiento de la defensa legal en cuatro procesos considerados vinculados al ejercicio del cargo. Entre ellos figuran dos investigaciones por presuntas lesiones leves y graves, relacionadas con las protestas sociales registradas entre fines de 2022 e inicios de 2023.
Asimismo, se autorizó la defensa en el caso de presunto cohecho pasivo propio, por la recepción de relojes y joyas de alto valor, y en la investigación por falsedad genérica, que evalúa la autenticidad de documentos oficiales firmados durante un periodo de convalecencia médica.
USO DE FONDOS SERÁ SUPERVISADO POR EL ESTADO
La Oficina General de Administración será responsable de contratar los servicios legales y de supervisar anualmente el uso de los recursos públicos, los cuales estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal del Despacho Presidencial.
Las resoluciones precisan que el financiamiento estatal no constituye una exoneración de responsabilidad, sino un beneficio condicionado al resultado final de los procesos.
LEY OBLIGA A REEMBOLSAR GASTOS SI SE CONFIRMA CULPABILIDAD
De acuerdo con la normativa vigente, si una sentencia firme determina la responsabilidad de Boluarte en cualquiera de los casos donde recibió defensa estatal, deberá devolver íntegramente los montos pagados por el Estado para su representación legal.
Fuente: JAIME ABANTO PADILLA
