Un nuevo caso que pone en cuestión la gestión de los recursos públicos en el Gobierno Regional de Cajamarca se evidencia en la obra de infraestructura del Instituto Pedagógico Hermano Victorino Elorz Goicoechea, donde decisiones administrativas y un proceso arbitral han generado pérdidas económicas y retrasos que afectan directamente a estudiantes y docentes.
El problema se originó tras la contratación directa del Consorcio Cajamarca para ejecutar la obra del instituto pedagógico. Posteriormente, el Gobierno Regional resolvió el contrato y decidió elaborar un nuevo expediente técnico de saldo de obra, en el cual se invirtieron aproximadamente 300 mil soles.
Además, se contrató a una nueva empresa para ejecutar el proyecto y a otra distinta para supervisarlo.
Sin embargo, tras conocerse el resultado de un arbitraje iniciado por el Consorcio Cajamarca, la empresa ganó la disputa legal, lo que implica que será nuevamente la encargada de ejecutar la obra utilizando el expediente técnico original con el que comenzaron los trabajos, los mismos que quedaron paralizados hace casi un año.
Como consecuencia de esta decisión, el expediente técnico de saldo de obra elaborado por el Gobierno Regional deberá ser descartado, lo que significa que los S/ 300 mil invertidos prácticamente se perderán, generando cuestionamientos sobre la planificación y gestión del proyecto.
La situación se agrava debido a que el laudo arbitral fue emitido en octubre, pero pese a ello, en diciembre se firmó un nuevo contrato para la ejecución de la obra, lo que evidenciaría que los funcionarios regionales no habrían considerado la resolución arbitral al momento de tomar decisiones administrativas.
A esta pérdida se sumaría el pago de adicionales al Consorcio Cajamarca por los daños que habría sufrido la obra durante el tiempo en que los trabajos estuvieron paralizados, según confirmó el actual gerente regional de Infraestructura, Fernando Blas Díaz.
El retraso también ha generado un impacto económico adicional. La obra, que inicialmente debía culminarse en cuatro meses, lleva ya dos años paralizada, situación que obliga al Gobierno Regional a pagar más de 60 mil soles mensuales en alquileres para el funcionamiento provisional del instituto, incrementando el gasto público.
Además, se ha cuestionado que el local alquilado no reúne las condiciones adecuadas para la formación de los futuros docentes, lo que agrava el perjuicio para estudiantes y profesores.
A pesar de la magnitud del problema, hasta el momento ningún funcionario ha asumido responsabilidades por el dinero público que se habría perdido o malgastado. También se cuestiona el rol del Consejo Regional, cuya función es fiscalizar el uso de los recursos públicos.
El caso ha generado críticas particularmente hacia el consejero Ulises Quispe, quien actualmente se encuentra en campaña para el Congreso con el discurso de fiscalizar el correcto uso de los recursos del Estado.
Más allá de las cifras económicas, docentes y estudiantes del pedagógico de Cajamarca continúan siendo los principales afectados por la paralización de una obra que debía mejorar sus condiciones educativas y que, hasta hoy, sigue envuelta en polémica.
Diversos sectores advierten que este no sería el único caso en el que recursos públicos destinados a obras importantes para la población terminan desperdiciándose, lo que vuelve a poner en debate la eficiencia y transparencia en la gestión del Gobierno Regional de Cajamarca.
Fuente: JAIME ABANTO PADILLA
