Virtuales congresistas promueven cambios legales en favor de la minería ilegal. Pertenecen a Juntos por el Perú, Fuerza Popular, Renovación Popular y Partido del Buen Gobierno. Sus propuestas apuntan a flexibilizar normas y ampliar el Reinfo.
La minería ilegal tiene una nueva representación en el Congreso. El 12 de abril fueron elegidos y reelegidos operadores políticos que defienden, representan o buscan dar un nuevo marco legal que favorece a este sector. Estos serán, posiblemente, los nuevos integrantes de lo que el analista Iván Arenas denominó la “Bancada Reinfo”.
Uno de ellos es Víctor Raúl Cutipa Cama, actual congresista por Ilo y presidente de la Comisión de Energía y Minas. Cutipa, virtual reelegido como senador por Juntos por el Perú, se ha convertido en uno de los principales impulsores de cambios al régimen de concesiones mineras que favorecerían a los informales e ilegales. Su papel ha sido clave en el objetivo de modificar las normas que les permita la continuidad de sus operaciones, impactando directamente a de la minería formal.
El profesor y dirigente Andrés Avelino Ramos Huillcas es el virtual senador por Apurímac de Juntos por el Perú. Él ha tomado posición sin rodeos para respaldar la actividad minera informal y cuestionar la presencia de grandes empresas. En la misma región aparece el dirigente minero Jesús Pérez Alccahuamán, virtual diputado por Juntos por el Perú, que cuenta con el respaldo político de la Federación Regional de Comunidades Indígenas Mineras de Apurímac (FEDECIM). Su agenda consiste en impulsar la Ley MAPE, modificar la Ley General de Minería y revisar el sistema de concesiones. Es decir, seguir cambiando las reglas del juego para que la ilegalidad tenga respaldo legal.
Desde Arequipa, el virtual senador por el Partido del Buen Gobierno Juver Nilson Flores Suárez se mueve en el nivel de la vocería. Como abogado y consultor, ha sido asesor del Congreso y de la Federación de Mineros Artesanales de Arequipa. Aparece como posible vocero de los mineros artesanales, y su rol político podría contribuir a instalar en la agenda nacional este tema.
En La Libertad, Diego Bazán Calderón, actual congresista sería reelegido por Renovación Popular. Bazán apoyó la ampliación del Reinfo, una decisión política que extendió la vida legal de miles de operaciones informales e ilegales. A su lado estará Víctor Sefererino Flores Ruiz, de Fuerza Popular, uno de los parlamentarios que votó a favor de leyes que benefician a la minería ilegal, como la norma que dejó de considerarla organización criminal. Llegó a tener nueve concesiones mineras en La Libertad y Piura: cinco fueron extinguidas entre 2017 y 2021 por caducidad o falta de pago, mientras que las otras fueron transferidas. El parlamentario impulsa, además, el proyecto de ley 11238/2024-CR, que propone un nuevo régimen para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE).
Gilmer Trujillo Zegarra, también de Fuerza Popular, plantea formalizar sin criminalizar a los “mineros artesanales”. La frase parece conciliadora, pero en la práctica abre una puerta amplia para formalizar sin fiscalizar y sin señalar cómo se regularía sin sancionar.
En Puno, el virtual diputado de Ahora Nación Helard Bladimir Sonco Villanueva tiene cercanía con la minería artesanal, por lo que podría sumarse a este bloque. Y en Cajamarca, el virtual diputado de Juntos por el Perú es Gabriel Robertino Gonzles Delgado. Fue vicepresidente del Frente Ambiental y en campaña señaló que defenderá la inviabilidad del megaproyecto Conga de Minera Yanacocha. Anunció también la presentación de un proyecto de ley para que los grandes grupos de poder paguen por el uso de las aguas subterráneas y que la SUNAT fiscalice la salida de los minerales de las mineras al extranjero.
Lo que preocupa
Para Víctor Fuentes, especialista del Instituto Peruano de Economía (IPE), los cambios que impulsaría este grupo tendrían un impacto negativo. “En el Perú, sacar adelante un proyecto minero formal toma décadas. Si el Congreso amplía esquemas transitorios como el Reinfo, envía una pésima señal: quien incumple reglas puede terminar premiado con más plazo y menos exigencias”, señala.
Fuentes sostiene que el riesgo es que se golpee a la minería formal por varios frentes. “Se rompe la cancha —el formal paga impuestos y cumple estándares; el informal muchas veces no—, se deterioran las expectativas de inversión y se debilitan la recaudación, el empleo formal y el crecimiento”, explica.
Además, identifica tres focos críticos. Desde la ampliación del Reinfo, que prolonga un régimen temporal sin solución de fondo; pasando por la nueva ley para la pequeña minería, que plantea beneficios y esquemas especiales; hasta el más delicado con los cambios a la Ley General de Minería y al sistema de concesiones, con propuestas como acortar plazos o imponer exigencias rígidas de producción.
Fuente: El nuevo diario
