En el lenguaje público se ha vuelto frecuente usar como sinónimos “periodo” y “gestión” cuando se habla de un gobierno municipal, regional o nacional. Sin embargo, no son conceptos equivalentes. El primero alude al tiempo; el segundo, al uso responsable de ese tiempo y de los recursos públicos para producir resultados. Confundirlos no es un error menor; facilita que se presente como “gestión” cualquier actividad institucional, aunque no genere beneficio alguno para la ciudadanía.
El periodo de gobierno es el lapso constitucional o legal durante el cual una autoridad electa ejerce el cargo. Puede ser un periodo municipal, regional o nacional, y se mide en años: por ejemplo, el periodo 2023-2026 de un alcalde, gobernador regional o presidente. Es, ante todo, una referencia temporal y de mandato.
La gestión gubernamental, en cambio, es el conjunto de decisiones, acciones, programas, proyectos y controles mediante los cuales una autoridad emplea recursos humanos, financieros, materiales e institucionales para atender necesidades públicas. Una buena gestión se reconoce por su eficiencia -lograr resultados con transparencia y uso racional de los recursos- y por su eficacia -alcanzar las metas y objetivos planteados-.
Imaginemos que un municipio recibe un presupuesto para mejorar el alumbrado público. Si durante su periodo la autoridad contrata estudios, ejecuta la obra, ilumina calles oscuras, rinde cuentas, y mantiene el servicio, hay gestión: se convirtió dinero público en una mejora concreta y verificable.
En cambio, si durante ese mismo periodo la municipalidad solo realiza ceremonias, contrata refrigerios, compra publicidad, paga dietas o realiza gastos sin impacto visible en la seguridad, la salud, la educación o la movilidad, hubo periodo, pero no gestión. El tiempo pasó; el mandato se ejerció formalmente; pero el deber de servir eficazmente a la población quedó incumplido.
La gestión gubernamental representa un nivel superior de exigencia y de logro. Todo periodo debería caracterizarse por ella, porque gobernar no consiste únicamente en ocupar un cargo durante determinado tiempo, sino en transformar recursos públicos en derechos satisfechos, servicios de calidad y oportunidades para la población. La eficacia no se reduce a cumplir metas técnicas; exige resultados socialmente útiles, respetuosos de la legalidad y orientados a la construcción ciudadana e interés general.
Lamentablemente, en la realidad está ocurriendo lo contrario. Se confunde la duración del mandato con el cumplimiento del mandato, y se presenta como gestión lo que muchas veces es mera burocracia, gasto innecesario o, peor aún, desaparición -vía corrupción e impunidad- de recursos públicos.
El Gobierno Regional de Cajamarca ofrece un ejemplo preocupante. Durante la gestión liderada por Somos Perú, se reportó que entre 2023 y 2024 se destinaron más de 10 millones de soles en bocaditos y refrigerios. Aun cuando cada gasto pueda tener una justificación administrativa, la magnitud de esa erogación plantea una pregunta inevitable: ¿qué resultado favorable, medible y duradero produjo para la población de Cajamarca?
No se trata de negar la necesidad de atención a servidores, autoridades o participantes en actividades públicas. Se trata de examinar prioridades. Mientras persisten problemas estructurales -como la desnutrición infantil, la falta de agua, el deterioro vial o las carencias en salud y educación-, destinar sumas tan elevadas a consumos menores no puede ser presentado como una expresión de gestión regional.
Vivimos tiempos de corrupción e impunidad generalizados, en los que incluso el lenguaje puede ser utilizado para normalizar situaciones inaceptables. Llamar “gestión” a la simple ocupación de un cargo, al gasto sin resultados o al incumplimiento de funciones contribuye a allanar el camino para que estas prácticas parezcan normales.
Cada vez son menos las autoridades que se sujetan plenamente a las reglas democráticas y asumen los principios de eficiencia y eficacia que exige una verdadera gestión pública. En demasiadas instituciones predomina el ovar y parasitar en lugar de hacer; cobrar dietas, percibir pensiones o disfrutar de privilegios sin responder con resultados por el dinero y la confianza entregados por la ciudadanía.
Frente a la distorsión conceptual, el robo y el pillaje que afectan a la mayoría de las autoridades -una realidad que, por cierto, no es exclusiva del Perú-, resulta necesario recuperar el rigor del lenguaje. Decir “periodo” cuando nos referimos al tiempo de mandato y “gestión” cuando existe un resultado favorable para la población no es una simple cuestión semántica. Es una forma de resistencia cívica.
Invitar a un mayor compromiso con la institucionalidad, los derechos ciudadanos y el uso preciso de los conceptos es también exigir que las autoridades rindan cuentas. Porque un periodo termina con el calendario; una gestión verdadera se recuerda por lo que dejó en beneficio de las personas.
Fuente: Eddie Cóndor Chuquiruna
