El general Walter Octavio Calla Delgado, actual jefe de la región policial de Cajamarca, se encuentra en el centro de un escándalo tras ser mencionado en una serie de chats revelados por Cuarto Poder, los cuales lo implicarían en los homicidios registrados durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte a fines de 2022.
Los mensajes filtrados involucran también al entonces ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y a su operador Marco Palacios Meza, quien declaró que pruebas comprometedoras sobre estos hechos se guardaban en la oficina de Percy Tenorio Gamonal, presunto socio de Santiváñez, en un espacio paralelo que operaba desde el histórico café Cordano.
Los intercambios de mensajes sugieren que Calla formaba parte de una red de complicidades que incluía a otros cinco generales de la Policía Nacional, todos ellos investigados por las muertes ocurridas durante las manifestaciones. La defensa de estos altos mandos habría sido financiada con recursos públicos, a través de gestiones de la Defensoría de la Policía dirigida por el general Máximo Ramírez de la Cruz y su asesor legal Iber Torres.
De acuerdo con la investigación, se habrían destinado hasta un millón de soles —200 mil por cada general implicado— para cubrir sus defensas legales, una estrategia diseñada y canalizada por operadores cercanos a Santiváñez.
El nombre del general Calla Delgado aparece ahora vinculado a este entramado de influencias y presunta obstrucción de justicia. En Cajamarca, este caso ha pasado desapercibido hasta el momento, pero su esclarecimiento será vital para la confianza ciudadana en la Policía Nacional.
Hasta ahora, el general no ha brindado declaraciones públicas sobre las acusaciones que lo rodean.
