La universidad debe formar profesionales capaces de resolver problemas en su ámbito, no de agravarlos o generarlos. Ser abogado implica una responsabilidad inmensa. El Derecho es la profesión más cercana al ejercicio del poder y a la materialización de la justicia en clave democrática. En tiempos de crisis institucional que sacuden nuestras regiones, esta vocación se pone a prueba como nunca antes.
Todo profesional del Derecho lleva consigo un compromiso deontológico sagrado, que debe honrar en cada acto y nunca pisotear. Los abogados no pueden reducirse a meros facilitadores de los males sociales ni convertirse en promotores de las redes de corrupción que infestan el sistema judicial. La honestidad y la rectitud en el pensar, decir y hacer no son opcionales; son el pilar ético de la profesión.
Más allá del reconocimiento absoluto al derecho de defensa y al libre patrocinio -consagrados en ordenamientos nacionales e internacionales-, los abogados deben ser modelos de integridad. Esto los obliga a discernir qué causas aceptar y cuáles rechazar. En varios países de la región, hemos visto cómo algunos convierten el ejercicio profesional en una vía de enriquecimiento, defendiendo servidores públicos y políticos criminales, y asegurando impunidad mediante el control partidario o de grupo de poder de instituciones clave del sistema de justicia.
En los últimos años, consorcios informales de abogados han emergido como responsables centrales de la profundización de la crisis democrática en las Américas. Operan desinformando y direccionando decisiones judiciales que garantizan impunidad, como se evidencia en liberaciones controvertidas de sentenciados por corrupción y crímenes de lesa humanidad impulsadas por pactos en congresos y tribunales constitucionales dominados por alianzas mafiosas (caso peruano).
Algunos han cruzado abiertamente la línea ética, haciendo apología del crimen organizado e incluso buscando capturar posiciones de poder en gremios profesionales estratégicos. El caso de Humberto Abanto, quien aspira a ser decano del Colegio de Abogados de Lima, ilustra con claridad esta amenaza. No se trata de dirigir un gremio, sino de controlarlo y someterlo para defender intereses antidemocráticos de grupos criminales en busca de impunidad. Su contendora, Delia Espinoza -exfiscal de la Nación destituida por el Congreso en contubernio con la Junta Nacional de Justicia-, lo tuvo hasta hace poco como investigado, lo que revela el objetivo estratégico detrás de esta maniobra.
Un abogado comprometido con la democracia -en su institucionalidad y en lo personal- jamás opera como engranaje del crimen en el poder.
La corrupción arraiga en hogares sin principios y valores, se agrava con universidades deficientes y culmina cuando profesionales cruzan la línea ética, actuando en tribunales no como defensores de la justicia, sino como operadores pagados de mafias que usando la política asedian nuestra democracia.
Abogados el estado de nuestra democracia no es solo herencia republicana ni culpa exclusiva de políticos, fiscales o jueces. Es, en gran medida, su responsabilidad. ¿Bastará con renovar la representación gremial o recuperar la institucionalidad? ¿Serán sus togas escudo de la justicia o manto de la impunidad?
Fuente: Eddie Cóndor Chuquiruna
