Mientras la ciudad intenta avanzar en su infraestructura, las sombras de la corrupción y la inacción administrativa parecen proyectarse sobre la Avenida Francisco Pizarro. El Consorcio Norte ha interpuesto una denuncia formal ante el Órgano de Control Institucional (OCI), alertando sobre un presunto fraude en la licitación de una obra valorada en más de 9.4 millones de soles.
El Corazón de la Denuncia: ¿Un sistema de engaño?
El proceso en cuestión es la Licitación Pública N° 002-2026-PMC, destinada a la transitabilidad vehicular y peatonal del Sector 17 Lucmacucho. Según el documento presentado por Carlos Chuquicahua Goycochea, representante del Consorcio Norte, el ganador de la buena pro, el Consorcio Vial Pizarro, habría obtenido la adjudicación mediante la presentación de “documentos falsos e inexactos”.
Sin embargo, las alarmas no se detienen en un caso aislado. Fuentes cercanas al proceso sugieren que este sería el modus operandi recurrente en la licitación de obras locales: un esquema donde diversas empresas habrían sistematizado la falsificación de documentación técnica y financiera para engañar al Estado. Lo más grave es la sospecha de una presunta colusión con la comisión a cargo, que actuaría como facilitadora para otorgar la buena pro a cambio de acuerdos bajo la mesa, ignorando deliberadamente las inconsistencias en los expedientes.
La denuncia apunta directamente al Comité de Selección, integrado por Lisxt Yonathan Segura Suarez, Jorge Luis Julinho Escalante Aguilar y Gerson Abiu Diaz Alcalde, quienes estamparon su firma en un acta que hoy es señalada de viciada.
¿OCI en “Modo Vacaciones”?
A pesar de que el sello de recepción de la Contraloría data del 18 de marzo, el silencio administrativo empieza a generar suspicacia en la opinión pública. Resulta alarmante que, ante una acusación de falsificación de documentos en una obra de casi 10 millones de soles, las acciones preventivas no sean evidentes.
Pareciera que el letargo de las “vacaciones” y el reciente feriado de Semana Santa en playas costeñas, ha calado hondo en los pasillos del Órgano de Control Institucional (OCI). El periodismo y la ciudadanía exigen saber si el OCI ha sido afectado por una “amnesia temporal” o si, peor aún, el descanso prolongado los ha vuelto sordos, ciegos y mudos ante la posible malversación de fondos públicos.
Advertencia Necesaria
El control institucional no es un favor, es una obligación constitucional. La fiscalización posterior no puede ser un trámite de “escritorio” mientras el cemento comienza a verterse sobre bases legales podridas.
Si el OCI de la Municipalidad Provincial de Cajamarca no despierta de este letargo post-Semana Santa para investigar la veracidad de los documentos y desarticular este presunto esquema de corrupción, estará enviando un mensaje peligroso: que en Cajamarca, cualquier papel —por más falso que sea— es suficiente para llevarse millones de los contribuyentes bajo el amparo de la indiferencia oficial.
Dato: El monto exacto del proceso asciende a S/ 9,405,286.48, una cifra que justifica una intervención inmediata antes de que el daño patrimonial sea irreversible.
Fuente: José Luis Gonzales Maiqui.
