El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cajamarca, Alfredo Rebaza, confirmó que el fiscal Jesús Portal Castrejón, quien dejó en libertad a dos ciudadanos venezolanos, acusados de amenazar y presuntamente extorsionar a una empresaria y rociar combustible en su negocio, es investigado por el órgano de control del Ministerio Público.
Según Rebaza, el fiscal responsable del caso no solicitó prisión preventiva porque, a su criterio, no se cumplían los tres requisitos que exige la ley: graves y fundados elementos de convicción que vinculen al imputado con el delito, una prognosis de pena superior a cinco años y la existencia de peligro procesal (fuga u obstaculización de la investigación).
El titular del Ministerio Público en Cajamarca sostuvo que, aunque se corroboró que el extranjero roció combustible en el local, no se halló la caja de fósforos en la escena, ni se ha confirmado aún si la ropa de la agraviada también fue impregnada, como ella denunció. Asimismo, descartó que se trate de un caso de extorsión, argumentando que el imputado reclamaba un pago por un servicio prestado.
No obstante, especialistas en derecho penal cuestionaron la decisión, señalando que las amenazas y el acto de rociar combustible constituyen, por sí solos, graves elementos de convicción para sustentar la prisión preventiva por tentativa de homicidio, sin que la ausencia de fósforos o el resultado de pericias pendientes resten valor a la imputación.
El caso ha generado indignación ciudadana y permanece bajo investigación interna para determinar si hubo irregularidades en la actuación del fiscal. Diferentes organizaciones y colegios profesionales se han manifestado exigiendo ahondar en las investigaciones y sanciones inmediatas, además de otorgar protección a la comerciante agredida.
Fuente: Jaime Abanto Padilla
