El Ministerio Público obtuvo una sentencia condenatoria contra exfuncionarios y particulares implicados en delitos de colusión agravada y negociación incompatible, cometidos en perjuicio del Estado, específicamente de la Municipalidad Distrital de Hualgayoc.
El fallo fue logrado por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cajamarca, tras demostrar la responsabilidad penal de los acusados en hechos que atentaron contra la correcta administración pública.
Como resultado del proceso judicial, Daniel Almonacid, exsubgerente de Logística de la Municipalidad Distrital de Hualgayoc, y Roger Abanto, residente de obra, fueron condenados como autores del delito de colusión agravada.
Asimismo, Helmer Cotrina, supervisor de obra, y Gloria Ramos, representante del Consorcio White Gold, fueron hallados cómplices primarios del mismo delito.
A todos ellos se les impuso una pena de seis años de prisión efectiva, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo.
El órgano jurisdiccional también dispuso el pago de una reparación civil solidaria de S/ 80,000.00, a favor del Estado, así como el pago de las costas procesales.
De igual manera, José Ruiz, asesor legal de la Municipalidad Distrital de Hualgayoc, fue condenado como autor del delito de negociación incompatible, recibiendo una pena de cuatro años de prisión suspendida, sujeta a un periodo de prueba de tres años, reglas de conducta obligatorias, inhabilitación para ejercer función pública y el pago de una reparación civil de S/ 8,000.00.
Durante el juicio oral, la fiscal provincial Johanna Lizet Vásquez Paredes acreditó que los cuatro primeros sentenciados concertaron acciones para defraudar patrimonialmente al Estado, mientras que José Ruiz se interesó indebidamente, beneficiando a un tercero en el marco de la ejecución de una obra pública.
Con base en las pruebas presentadas, el Primer Juzgado Unipersonal de Chota, a cargo del magistrado Humberto Aníbal Flores Caballero, emitió la sentencia condenatoria correspondiente.
El Ministerio Público reafirmó su firme compromiso de combatir la corrupción, garantizando la correcta administración de los recursos públicos y la defensa de los intereses del Estado.
