Mientras la gestión del alcalde Joaquín Ramírez celebra con bombos y platillos el inicio de la obra de transitabilidad en el Sector 17 Lucmacucho, una sombra de presunta corrupción y falsedad documental oscurece el proceso. Una denuncia formal ante el Órgano de Control Institucional (OCI), presentada el pasado 16 de marzo, revela que la buena pro de este proyecto de más de 9.4 millones de soles habría sido obtenida mediante el engaño.
El pasado 29 de marzo la Nota de Prensa N° 1033-2026 de la Municipalidad Provincial de Cajamarca (MPC) presenta la obra en la Av. Francisco Pizarro como un hito de “desarrollo ordenado”. Sin embargo, el expediente de denuncia ante el OCI, interpuesto por el Consorcio Norte, desmantela esta narrativa al exponer que el ganador, el Consorcio Vial Pizarro, presentó documentación presuntamente falsa e inexacta para acreditar la experiencia de su personal clave.
El foco de la irregularidad recae sobre el Ing. Jhon Kenedi Vásquez Torres, propuesto como Especialista en Calidad. Según el análisis de los certificados presentados, se habrían fabricado experiencias en cargos que ni siquiera existían en las bases de las obras citadas:
Cargos Fantasmas: Se acreditaron labores como “Ingeniero de Calidad” en proyectos donde el plantel profesional solo contemplaba Residente y Especialistas Ambientales.
Trabajo en Cuarentena: Resulta inverosímil la acreditación de 50 días de labores durante el periodo más estricto de la pandemia COVID-19 (marzo-mayo 2020), cuando las obras en el país estaban paralizadas por ley.
Inflación de Plazos: Contrastes con el portal INFOBRAS demuestran que se declararon 212 días de experiencia en proyectos donde, debido a suspensiones, solo se trabajaron 147.
El manejo irregular por parte del Comité de Selección de la MPC —integrado por Liset Segura Suárez, Jorge Escalante Aguilar y Gerson Díaz Alcalde— no es solo un error administrativo; es una amenaza directa contra los vecinos de Lucmacucho.
Riesgo de Obras de Mala Calidad: Al contratar a profesionales que no pueden demostrar fehacientemente su experiencia, la durabilidad de los 16 mil metros cuadrados de pavimento queda en entredicho. ¿Quién garantiza que las pistas no se hundirán al primer año? O presenten irregulares, como ocurre con la gran mayoría que esta gestión, liderado por Joaquín Ramírez, ejecutan.
Peligro de Paralización: Si el OCI determina la nulidad del contrato por falsedad, la obra se detendría. Esto dejaría a las familias de Lucmacucho viviendo entre zanjas abiertas, polvo y desorden por años mientras se resuelve el litigio legal.
Malversación de la Esperanza: Se utiliza el dinero de los impuestos para favorecer, presuntamente, a postores que no cumplen con la ley, vulnerando el principio de integridad que toda gestión pública debe proteger.
La facilidad con la que estos documentos pasaron los filtros de la Municipalidad de Cajamarca levanta una interrogante alarmante: ¿Es este un caso aislado o es la forma habitual en que se adjudican las obras en esta gestión?
Si el Comité de Selección no fue capaz (o no quiso) verificar datos básicos en el portal de transparencia de la Contraloría, existe el riesgo latente de que otras licitaciones millonarias en la provincia estén viciadas por la misma modalidad de “profesionales con experiencia fabricada”.
La ciudadanía de Cajamarca exige respuestas claras. El alcalde Joaquín Ramírez no puede limitarse a colocar primeras piedras mientras las bases de sus licitaciones están construidas sobre documentos cuestionables. La intervención de la Contraloría General de la República no es solo necesaria, es urgente.
DATO: El monto total de la inversión bajo sospecha asciende a S/ 9,405,286.48, dinero que hoy está en manos de un consorcio cuya idoneidad técnica está seriamente cuestionada.
Fuente: José Luis Gonzales Maiqui.
