Durante la última movilización ciudadana en contra del sistema de las AFP, se registraron denuncias por represión excesiva y amedrentamiento hacia manifestantes, incluidos jóvenes, adultos mayores y mujeres, quienes marchaban con destino al Congreso exigiendo el cierre de este poder del Estado y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
Los asistentes cuestionaron la actitud de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, a quienes acusaron de respaldar a las altas esferas de poder y no pronunciarse sobre los constantes casos de corrupción que afectan tanto al Ejecutivo como al Legislativo.
“Las Fuerzas Armadas y la Policía están de rodillas ante el poder político, reciben privilegios y callan frente a la corrupción”, señalaron varios manifestantes entrevistados en la jornada de protesta.
De acuerdo con las críticas de los ciudadanos, parte de este respaldo incondicional se explica en la entrega de beneficios a los altos mandos militares y policiales, que incluyen compras de unidades, bonos y sueldos elevados, medidas que, según la percepción popular, consolidan una relación de conveniencia política.
En la movilización, se reportaron episodios de violencia donde efectivos policiales habrían utilizado fuerza desmedida contra los participantes, situación que ha generado indignación y reclamos en diversas plataformas sociales. Para los asistentes, el comportamiento represivo refleja un Estado alineado con la corrupción y distante de las necesidades de la ciudadanía.
El malestar popular se alimenta del descrédito de las instituciones. Diversos colectivos sostienen que tanto el Congreso como el Ejecutivo han desvirtuado el sentido de la democracia, utilizando los recursos del Estado en beneficio propio y dejando de lado las demandas de la población.
“La gente ya no aguanta más, el país está cansado de tanta corrupción y de que se pisotee la Constitución”, expresaron líderes ciudadanos tras la protesta.
El descontento social continúa en aumento, y las marchas reflejan el quiebre de confianza entre la población y sus instituciones armadas y políticas. En tanto, la ausencia de pronunciamientos oficiales de parte de la Policía y el Ejército sobre los hechos de corrupción y las denuncias de represión mantiene abierta la brecha entre la ciudadanía y quienes deberían garantizar su seguridad y derechos
