El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, denunció una presunta persecución desde algunos sectores del Poder Judicial contra militares y policías que participaron en la lucha contra el terrorismo, al cuestionar la condena impuesta al coronel del Ejército en retiro Roberto Villar Chamorro.
En declaraciones a la prensa, el legislador afirmó que Villar Chamorro fue condenado de manera “injusta” a 20 años de prisión, pese a que, según señaló, el proceso se habría desarrollado sin pruebas concluyentes ni testigos presenciales que sustenten la acusación.
Rospigliosi precisó que uno de los elementos centrales del caso es la existencia de un testigo que nunca se presentó al juicio y que habría señalado que el entonces capitán Villar integraba una patrulla que combatía al terrorismo y al narcotráfico en el Alto Huallaga, en hechos ocurridos en 1994.
“Resulta absolutamente increíble la persecución tenaz que existe desde algunos sectores del sistema judicial contra militares y policías que derrotaron al terrorismo”, sostuvo el parlamentario, al cuestionar la solidez de la sentencia.
Asimismo, el presidente encargado del Congreso consideró que el proceso judicial careció de sustento probatorio y que los crímenes investigados podrían haber sido perpetrados por narcoterroristas, y no por efectivos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional.
En ese contexto, exigió que se investigue y sancione a las instancias responsables del fallo, exhortando a la Junta Nacional de Justicia y al Poder Judicial a revisar el accionar de la sala que, según indicó, se habría negado a aplicar la Ley 32107 y habría emitido una condena sin pruebas suficientes.
“El país no puede seguir permitiendo que, cada vez que se encuentran fosas comunes, se responsabilice automáticamente a los militares, cuando es muy probable que los responsables sean organizaciones narcoterroristas”, remarcó.
RESPALDA REQUISA EN PENAL DE BARBADILLO
En otro momento, Rospigliosi saludó la requisa realizada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en el penal Barbadillo, donde se encuentran recluidos los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Castillo.
El legislador consideró positiva la intervención y sostuvo que es necesario regularizar la situación en los centros penitenciarios para evitar privilegios indebidos, los cuales —según indicó— lamentablemente se repiten en diversos penales del país.
“Es correcto que se intervenga y se corrijan estas situaciones. No deben existir tratos especiales en ninguna prisión”, concluyó.
