VERDADES Y MENTIRAS SOBRE LA FRANJA: “Dinero y política se relacionan de diversas maneras, pero se necesitan. La política cada vez cuesta más dinero, sobre todo en campañas electorales, donde se juega el poder. En épocas ya lejanas, los partidos eran capaces de proveerse de sus propios recursos. Al no poder hacerlo, se extendió la mano a privados, que nunca invierten sin esperar una contraprestación, creando más inequidad entre las diferentes candidaturas.
De esta manera, en el mundo nace el financiamiento público con el propósito de permitir que todos los partidos puedan funcionar y hacer campañas. En nuestro país, tenemos los antecedentes -Asamblea Constituyente de 1978 y elecciones del 2001- en los que el Estado se encargaba del pago del acceso a los medios de comunicación, lo que se denominó financiamiento público indirecto. Posteriormente, el Congreso (2003) lo incorporó en la Ley de Partidos Políticos, la que rige hasta la actualidad. Así ocurrió para las elecciones entre el 2006 y el 2018.
Al estallar el escándalo de Odebrecht, el Congreso (2017) modificó la ley -gracias a los 53 votos de Fuerza Popular, 7 de Alianza para el Progreso y 4 del Partido Aprista- para que las personas jurídicas (empresas privadas) no financien a los partidos. El mismo Congreso (2018) volvió a modificarla, con 88 votos a favor y ninguno en contra, estableciendo que esta sería la única forma de acceso a los medios de comunicación. Fuera de esta modalidad, no se podían comprar espacios en medios. Los partidos no reciben el dinero: solo designan los medios y los horarios con la parte de la bolsa total que les corresponde, como ha sucedido desde el 2021 hasta la actualidad.
Esta forma de financiar las campañas ya se elevó a norma constitucional por referéndum (2018) y, de esta manera, se ha permitido que todos puedan presentar sus propuestas, como veremos a partir del 11 de febrero. Las denuncias que han aparecido en los últimos días sobre el sospechoso uso indebido de los recursos que provee el Estado para publicidad electoral son responsabilidad exclusiva de los partidos involucrados -la mayoría nuevos- al designar a las personas que decidieron qué medios deben pasar su publicidad. Si un partido hace mal este trabajo, será el perjudicado. Si hay terceros que se benefician, también es responsabilidad de quienes los designaron.
Quienes ahora claman que desaparezca este tipo de financiamiento lo hacen por demagogia o ignorancia, pues tendrían que cambiar la Constitución, y por ley no se pueden modificar las normas electorales un año antes. En el hipotético caso negado que eso sucediera, los beneficiados serían los partidos que tienen recursos. Hay que ajustar la ley y el reglamento, pero los partidos y políticos que votaron por esta norma deben defenderla y no hacerse de costado ni responsabilizar a terceros”.
