Una investigación periodística reveló que un juez del Poder Judicial emitió 11 medidas cautelares que permitieron a empresas chinas acceder a contratos de obras públicas por más de S/ 2.000 millones, a pesar de que varias de ellas registraban antecedentes de abandono de proyectos, sanciones e inhabilitaciones.
El informe, difundido por el programa Panorama, señala como responsable al magistrado Lenin Montoro Rodríguez, cuyas resoluciones favorecieron a consorcios encabezados por compañías como China Railway No. 10 Engineering Group Sucursal del Perú y China Railway Tunnel Group, facilitando su participación en licitaciones de gran envergadura en el sector infraestructura.
OBRAS MILLONARIAS Y ANTECEDENTES CUESTIONADOS
Entre los contratos beneficiados se encuentra la carretera Molinopampa, en Áncash, adjudicada en 2021 por S/ 200 millones, así como la doble vía Tanca – Boca del Río, valorizada en S/ 608 millones. De acuerdo con el reportaje, estas adjudicaciones se concretaron tras resoluciones judiciales que levantaron impedimentos administrativos que pesaban sobre las empresas.
Panorama detalla que China Railway obtuvo inicialmente la buena pro para la carretera Molinopampa, pero abandonó la obra, obligando a las autoridades a convocar nuevamente el proceso. Años después, en 2025, China Railway Tunnel Group, perteneciente al mismo conglomerado empresarial, volvió a ganar la licitación por S/ 263 millones. Sin embargo, la firma del contrato quedó suspendida debido a la inhabilitación de uno de sus socios.
Pese a esta restricción, el juez Montoro Rodríguez resolvió una demanda presentada por la empresa y dictó una medida cautelar que habilitó la suscripción del contrato, permitiendo que el proyecto avanzara.
SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN
Para Eduardo Herrera, director de la Asociación Defensoría Nacional Anticorrupción, el patrón de decisiones no sería fortuito.
“Ya no se puede hablar de coincidencias. Estamos ante una grave sospecha de corrupción que en términos procesales se conoce como ruleteo”, advirtió.
Consultado por el equipo periodístico, el magistrado sostuvo que actuó conforme a la ley y que las empresas enfrentaban trabas administrativas vinculadas a supuestas deficiencias en el Registro Nacional de Proveedores del Estado, negando cualquier irregularidad.
No obstante, el dominical recordó que Montoro Rodríguez fue investigado anteriormente por prevaricato y llegó a ser suspendido, además de mantener un conflicto legal con la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por presuntas faltas disciplinarias.
OTRO CASO QUE GENERA ALERTA
El reportaje se conoce días después de que saliera a la luz otro caso que involucra intereses empresariales chinos. Según Punto Final, la empresa Hidroeléctrica América, vinculada al empresario Zhihua “Johnny” Yang, solicitó una prórroga contractual al Estado pocos días antes de que el empresario se reuniera en privado con el presidente de la República, el 26 de diciembre de 2025.
Documentos revelan que la solicitud fue presentada ante el Ministerio de Energía y Minas el 23 de diciembre, tres días antes del encuentro. La empresa obtuvo en 2023 la concesión para construir una central hidroeléctrica en el río Pachachaca, en Abancay, con una inversión de 24 millones de dólares.
El contrato establecía que la central debía iniciar operaciones el 1 de mayo de 2026; sin embargo, la empresa pidió postergar la fecha hasta el 15 de junio de 2029. De no cumplirse el plazo original, la Ley de Concesiones Eléctricas contempla la pérdida de la concesión y la ejecución de una carta de garantía de 244 mil dólares, equivalente al 1 % de la inversión comprometida.
Fuente: Jaime Abanto Padilla
