Eddie Cóndor Chuquiruna
¿Cómo entender el auge de la extorsión en Perú ante un Estado que multiplica sus gastos en seguridad interna, equipa a una Policía Nacional numerosa y moderna, pero solo muestra eficiencia al reprimir protestas legales y legítimas de la ciudadanía, mientras ignora demandas pendientes de justicia social? Es un panorama paradójico de los últimos años. El deterioro de las instituciones democráticas se evidencia no solo en procesos electorales interminables -como el iniciado el 12 de abril y aún sin cerrar-, sino en la indiferencia ante el crimen organizado callejero, responsable de asesinatos diarios sin resolver que los gobiernos sucesivos podrían haber frenado. Los gastos en seguridad se multiplican, pero los resultados se evaporan.En 2025, solo en el sector transportista -uno de los más afectados- se registraron 239 asesinatos por extorsionadores, con un aumento histórico del 470% en los últimos cinco años. Los homicidios diarios, cada vez más brutales, persisten sin freno.¿Es acaso una extorsión direccionada? Frente a una segunda vuelta electoral, un sector político predominante explota esta crisis para posicionarse como “salvadores” con promesas de “mano dura”, usando el caos como pretexto para medidas autoritarias.Este deterioro no parece casual. El Congreso que finaliza funciones el 28 de julio ha impulsado un marco jurídico regresivo -denominado por la prensa democrática y especialistas “leyes procrimen”- que facilita la impunidad y debilita la seguridad ciudadana. Es un proceso sui géneris. Por primera vez, un Estado parece promover el veneno para luego ofrecer el antídoto desde la camiseta política de la candidata Fujimori, quien en la práctica ha gobernado desde el Congreso los últimos 10 años. Se trataría de un acuerdo tácito. “Por ahora te dejo operar con facilidades, pero luego te replegarás”. Cuando Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru dejaron de ser funcionales, surgió este nuevo bloque de terror callejero para acosar a la sociedad, justificar esquemas legales forzados y antidemocráticos, e incluso tomas de instituciones judiciales y abusos de fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.Este escenario exige un análisis urgente. Es una estrategia en perfeccionamiento, diseñada para justificar medidas extremas en la toma del poder, respaldada por el acecho al sistema electoral en declive. ¡Cuidado! Aplaudir este fenómeno antidemocrático -vendido por el fujimorismo, aliados en FFAA, PNP, prensa y grupos de poder desde Lima- es gravísimo.La comunidad internacional debe estar alerta y calificar esta conducta bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Facilitar la criminalidad como amenaza a la seguridad nacional viola principios democráticos básicos.Perú no puede normalizar este veneno. La democracia peruana -y la de cualquier nación asediada por el crimen en las calles y la inacción estatal- depende de nuestra alerta colectiva. Es hora de actuar, no de aplaudir bajo el pretexto de una economía estable.
