Keiko Fujimori simboliza hoy un casillero de la política peruana anclado en un autoritarismo heredado que ha marcado al país durante décadas. La herencia del gobierno de Alberto Fujimori -con Vladimiro Montesinos, la captura del Estado por parte de cúpulas militares y policiales, y redes clientelares- no es un recuerdo lejano; reaparece cuando la política se organiza alrededor del control de instituciones, la concentración del poder y la tolerancia frente a prácticas corruptas sistemáticas.
Su figura dejó de ser solo la de una candidata recurrente; es un factor polarizador que profundiza una crisis institucional cuyo saldo es visible. Perú ha tenido múltiples presidentes que no concluyeron su mandato, el proceso democrático ha sufrido desgaste y las instituciones encargadas de proteger derechos y garantizar justicia muestran fracturas evidentes. El diagnóstico no es teórico. En los últimos años hemos visto decisiones y comportamientos de órganos clave que confirman la erosión y la captura institucional, como en la dictadura de los 90.
El comportamiento del Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Congreso -hoy en un ecosistema de prácticas que atemorizan, favorecen la autocensura y reflejan impunidad frente a diversos crímenes- lleva la autógrafa de Keiko Fujimori.
La trayectoria política de Keiko Fujimori encaja en este cuadro; su proyecto combina conservadurismo social, populismo clientelista y una clara vocación por concentrar poder. Su persistencia en el liderazgo no responde tanto a un programa renovador como a una maquinaria política que, pese a múltiples investigaciones por lavado de activos y presunto enriquecimiento ilícito, mantiene una base leal (alrededor del 15% del electorado). Esa paradoja -apoyar liderazgos cuestionados jurídicamente en nombre de la “estabilidad”- ha normalizado la tolerancia a prácticas que minan la transparencia y la rendición de cuentas.
Quienes respaldan a Keiko Fujimori suelen priorizar lo económico sobre lo institucional; valoran en ella la garantía de continuidad del modelo de libre mercado y relegan las discusiones sobre el marco institucional como si ambas cosas fuesen “cuerdas separadas”. Pero en puridad, el fujimorismo promueve un mercado pensado para sus clientes empresariales -los grandes gremios mercantilistas- y no para la competencia amplia en beneficio de la mayoría. Ese enfoque es coherente con su esquema de control concentrado de las instituciones. En realidad, un esquema institucional democrático y el respeto al Estado de derecho son condiciones necesarias para un mercado competitivo y para que el Estado cumpla su rol subsidiario en los ámbitos que no resultan rentables para el sector privado. El fujimorismo está muy lejos de ese ideal liberal; no son liberales, son mercantilistas. Encima corruptos.
Criticar a Keiko Fujimori y al fujimorismo no es un acto de revancha histórica; es una exigencia moral y democrática. El retorno de modelos que priorizan el control institucional por encima de su fortalecimiento reproduce patrones que han dejado, entre otras consecuencias, violaciones a derechos humanos, captura estatal y una cultura de impunidad. Con frecuencia, la manipulación de normas (leyes pro crimen y otras) y la instrumentalización de la justicia sirven para sortear límites constitucionales y concentrar poder, produciendo una democracia formal cada vez más vacía de contenido real.
La pregunta relevante no es cuánto tiempo más aceptará el país la receta de volver a confiar el timón a quienes históricamente han priorizado el control de las instituciones. Es si la sociedad -partidos, organizaciones civiles, profesionales del Derecho y ciudadanía- podrá articular una alternativa que deje de normalizar la captura del Estado. Rechazar la repetición de modelos autoritarios no significa expulsar actores por venganza, sino exigir reglas del juego y consecuencias: investigar, sancionar y prevenir la corrupción; proteger la independencia judicial; y reconstruir organismos de control que trabajen en favor del interés público.
Quienes hoy respaldan a figuras como Keiko Fujimori deberían preguntarse si su apoyo contribuye a perpetuar prácticas que socavan derechos y debilitan instituciones, o si están dispuestos a impulsar cambios reales. El país merece un proyecto que no reproduzca autoritarismo ni corrupción, sino que los limite, los sancione y cree condiciones para una democracia más robusta y genuina.
Fuente: Eddie Cóndor Chuquiruna
