La exdirectora Auria Briceño, con apoyo de un asesor clave, ignoró fallos judiciales y resoluciones administrativas previas para presuntamente auto concederse el D.L. 276. El Gobernador Regional, al parecer, firma un acto resolutivo viciado.
El Gobierno Regional de Cajamarca (GRC) se encuentra en el ojo de la tormenta tras la presentación de una denuncia por presunto Abuso de Poder y Fraude al Estado que señala la existencia de una presunta red de influencia operando en la Dirección de Personal. La narrativa apunta a que la exdirectora, Auria del Pilar Briceño Escobar, habría manipulado el aparato administrativo para obtener un beneficio laboral (D.L. N.° 276) que le había sido negado de manera explícita por la justicia y por la propia administración.
El Engaño al Despacho Regional
La denuncia, a la que este medio ha tenido acceso exclusivo, describe un esquema audaz de burla a la ley, presuntamente orquestado por Briceño Escobar desde su cargo de Directora de Personal.
El eje del escándalo es la forma en que se consiguió la firma del Gobernador Regional en una resolución que supuestamente formalizaba el cambio de régimen de Briceño al D.L. N.° 276, a pesar de que:
• Vía Administrativa: Rechazo Firme. Su solicitud había sido declarada IMPROCEDENTE (Res. Adm. N.° D214-2022) y su apelación, INFUNDADA (Res. de Gerencia General Reg. N.° D4-2023), agotándose la vía administrativa en enero de 2023.
• Vía Judicial: Sin Mandato. El Poder Judicial, en el proceso de Acción Contenciosa Administrativa (Expediente N.° 00914-2017), se limitó a ordenar su reposición bajo la Ley N.° 24041. Una resolución judicial posterior (Res. N.° Doce) confirma que el beneficio del D.L. N.° 276 “no fue materia del presente proceso”, desestimando cualquier intento de Briceño por interpretarlo a su favor.
La Colusión y el “Visto Bueno” del Asesor
Según la denuncia, la exfuncionaria habría aprovechado su posición para que la Dirección de Personal, bajo su dirección, diera trámite favorable a un acto resolutivo que contradecía directamente los fallos judiciales y administrativos vigentes.
El asesor Jhonatan Muñoz Chávez es presuntamente señalado como pieza clave, pues su V°B° aparece en documentos cruciales, incluyendo la resolución de Gerencia General Regional N.° D4-2023 que declaró INFUNDADO el recurso de la propia Briceño. Su presunta participación posterior en el proceso de “legalización” del beneficio auto otorgado sería materia de investigación.
“Todo indica que la Dirección de Personal actuó de forma clandestina. Briceño habría usado su posición para presionar y confundir el flujo documentario, logrando que el Gobernador firme un documento viciado, sin tener conocimiento pleno del historial de rechazos judiciales que tenía la servidora. Fue un claro acto de engaño institucional.” — (Fuente anónima cercana al proceso)
