Pese a que la millonaria obra de bicapa Teresaconga – José Gálvez – Sucre – Jorge Chávez continúa en estado de suspensión formal desde diciembre del año pasado, desde hace varias semanas el Consorcio Vial José Gálvez ha reiniciado trabajos en campo, específicamente la ejecución de alcantarillas en varios tramos de la vía, sin contar con la presencia del personal de supervisión técnica ni del residente de obra.
Una situación completamente irregular y arbitraria, que no solo vulnera el marco legal de contratación pública, sino que pone en riesgo la calidad y durabilidad de la infraestructura vial, dejando abierta la puerta a una nueva valorización millonaria sin justificación técnica real.
De acuerdo a registros visuales y denuncias de los propios vecinos, las labores se vienen ejecutando sin la presencia física del equipo supervisor, ni mucho menos de los responsables técnicos del proyecto. Es decir, no hay control alguno sobre lo que se está construyendo.
Los pobladores se preguntan: ¿cómo se garantiza la calidad del proyecto si no hay supervisión técnica? ¿Quién responde luego por las deficiencias de la bicapa?
La respuesta es tan obvia como alarmante: nadie. Y esa omisión podría acarrear la aplicación de penalidades contra el contratista, al evidenciarse que los trabajos se están realizando sin la dirección técnica exigida contractualmente.
Pero lo más indignante es el propósito oculto: aprovechar estos trabajos clandestinos para luego valorizarlos en cuanto se reanude oficialmente el proyecto, lo que generaría un pago millonario a favor del consorcio, sin sustento ni control real.
¿Y LA SUPERVISIÓN?
La supervisión de esta obra fue adjudicada por la suma de S/ 770,961.80 a un consorcio conformado por 3EG Consultores – Ejecutores, cuyo representante es Wilder Jesús Guevara Muñoz, y Madaly Sánchez Dávalos. El representante legal del consorcio es Jhony Nicolás Sánchez Quiliche.
Hasta la fecha, no se ha visto al equipo de supervisión en campo. Su ausencia no solo es una irresponsabilidad profesional, sino que los convierte en cómplices silenciosos de las irregularidades cometidas por el consorcio constructor.
“¿Dónde está la supervisión? ¿Por qué no fiscalizan estos trabajos? ¿Acaso están esperando que les den su parte de la valorización?”, se preguntan indignados los pobladores de la zona.
CONTRALORÍA: 185 MIL SOLES TIRADOS AL TACHO
Como si fuera poco, existe un presupuesto adicional de S/ 185,735.27 asignado específicamente al control concurrente del proyecto, responsabilidad directa de la Contraloría General de la República. Sin embargo, la Contraloría brilla por su ausencia.
Ni un solo informe, ni una visita, ni una observación. Nada.
Es más, hay quienes aseguran que todo el aparato de control estaría confabulado con el alcalde del distrito de José Gálvez, Tony Mariñas, y con los representantes del consorcio constructor. “Se ríen en la cara del pueblo. Hacen lo que quieren, como si la ley no existe para ellos”, denunció un poblador de El Paraíso.
Recordemos que esta obra, valorizada en más de 21 millones de soles, fue adjudicada en medio de serias sospechas de corrupción y direccionamiento. Desde su inicio, fue tildada por los ciudadanos como la obra del despropósito: mal gestionada, mal ejecutada y ahora mal supervisada.
Durante meses, las vías quedaron abandonadas, intransitables y peligrosas. Ahora, a pesar de la suspensión oficial, el consorcio continúa trabajando como si nada pasara, sin control, sin dirección técnica y con la venia tácita de quienes deberían fiscalizar.
¿Y ahora qué?
El pueblo de José Gálvez y sus comunidades vecinas no merece ser burlado, ni por las empresas constructoras, ni por los supervisores fantasmas, ni por las autoridades que miran para otro lado mientras el dinero del Estado se lo llevan unos cuantos zánganos.
