Rosita Liz Alcántara López, directora de la Aldea Infantil San Antonio, enfrenta graves denuncias por presuntas agresiones físicas y psicológicas contra adolescentes bajo custodia del Estado. La funcionaria fue designada por la actual gestión del gobernador Roger Guevara.
En un espacio que debería representar protección y cuidado, lo que se ha revelado son actos de violencia. Según una investigación fiscal, Alcántara López habría jalado de la oreja a una menor por un malentendido con otro residente del centro. La víctima aseguró que fue agredida tras intentar explicar su versión de los hechos, sin ser escuchada. El testimonio fue validado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en una inspección inopinada.
Además, pesa sobre ella otra denuncia por haber presuntamente golpeado y obligado a bañarse con agua fría a otra niña. Estos actos serían parte de un patrón sistemático de maltrato dentro del centro de acogida, según indican las indagaciones preliminares.
Las acusaciones están tipificadas como delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones, y constituyen una violación directa al derecho al buen trato, contemplado en la Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Pese a la gravedad de los hechos, Rosita Liz Alcántara permanece en el cargo. Fue nombrada por Rocío Portal Vásquez, gerente general del Gobierno Regional de Cajamarca, quien hasta ahora no ha emitido pronunciamiento alguno ni ha tomado acción frente a las denuncias.
La situación pone en evidencia la falta de filtros adecuados en la designación de personal a cargo de la infancia en situación vulnerable, así como una preocupante negligencia por parte de las autoridades responsables del control y la supervisión de estos espacios.
Organizaciones defensoras de la niñez han exigido una investigación exhaustiva, sanciones ejemplares y la inmediata protección de las adolescentes albergadas en el CAR San Antonio.
Fuente: Jaime Abanto Padilla
