La publicación, hace un momento, de la lista oficial de ganadores del Concurso del D.L. 276 en la Diresa Cajamarca no hizo más que confirmar un libreto anunciado con antelación. Los cuatro nombres señalados por Otra Prensa terminaron imponiéndose sin sobresaltos, como si el desenlace estuviera escrito desde antes y nadie tuviera intención real de impedirlo.
Lo verdaderamente grave no es solo el resultado, sino lo que ocurrió mientras el proceso se desarrollaba ante la mirada indiferente del sistema de control. El 19 de diciembre, el gerente regional de la Contraloría en Cajamarca fue informado de manera directa y personal sobre las presuntas irregularidades que rodeaban el concurso. No se trató de rumores ni de versiones interesadas, sino de alertas concretas. Aun así, la institución encargada de fiscalizar optó por el silencio y la inacción.
La reacción no vino desde el control administrativo, sino desde el ámbito penal. Fue la Fiscalía Anticorrupción, liderada por la fiscal Nury Marín, la que tuvo que acudir a la sede de la Diresa para recabar las primeras evidencias de una posible manipulación del proceso. El mensaje es contundente. Donde debía actuar la prevención, apareció la persecución del delito.
El Órgano de Control Institucional, llamado a ser la barrera inmediata frente a indicios que comprometen recursos y decisiones del Estado, no cumplió su rol. No intervino, no advirtió, no detuvo nada. Más adelante quizá se invoque un control posterior, informes tardíos o recomendaciones que lleguen cuando el daño ya esté hecho. Ese tipo de control no protege al Estado, apenas administra sus pérdidas.
Cuando existe un órgano de control dentro de la propia Diresa y, además, un gerente regional advertido con precisión, la omisión deja de ser una simple falla operativa. Se convierte en un síntoma de ineficiencia estructural. Es la renuncia práctica a actuar cuando aún es posible evitar el perjuicio, prefiriendo observar cómo los hechos avanzan hasta volverse irreversibles.
Las señales eran claras. Se conocían los mecanismos, las rutas internas y un elemento central del presunto esquema, la participación de una persona sin vínculo laboral vigente con la Diresa que, según la información recabada, habría operado en la sombra la manipulación del concurso. Todo ello bajo la mirada permisiva de la comisión evaluadora, con la intervención del área de Recursos Humanos y el silencio cada vez más pesado del director regional de Salud.
Otra Prensa continúa siguiendo el rastro de más beneficiarios de este proceso, en una línea de investigación que vuelve una y otra vez hacia dos nombres claves, ya expuesto en anteriores informes. Si este entramado termina de revelarse, lo que podría salir a la luz no es un hecho aislado, sino la existencia de un presunto mercado ilegal de plazas en el sector público.
Desde el respeto al marco constitucional y a las normas que rigen nuestro sistema jurídico, esta investigación no busca sentenciar, sino exponer. Porque cuando los órganos de control fallan en su deber más elemental, el periodismo serio se convierte en una de las pocas herramientas que quedan para enfrentar al mayor enemigo del país. La corrupción.
Fuente: OTRA PRENSA
