¿Nicolás García Herrera porque no quedó inhabilitado y fuera de carrera electoral por Chetilla?.. ¿Quién está que le da la mano, sus patrones de Somos Perú Jesús Julca Díaz y Róger Guevara Rodríguez?
Tras una investigación revelada por Otra Prensa, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Cajamarca habría decidido trasladar al servidor Nicolás García Herrera del área de Logística a la oficina de Servicios Auxiliares, en el marco de un proceso fiscal en su contra por presuntos actos de corrupción.
La decisión se sustenta en las disposiciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), que permiten reubicar a trabajadores mientras se esclarecen hechos que podrían comprometer su continuidad en la administración pública.
El caso fue detectado por la Contraloría General de la República, que mediante el Informe de Control Específico N.º 046-2024-2-0828-SCE concluyó que García Herrera estuvo implicado en la sobrevaloración de tanques de agua por un monto superior a 35 mil soles, en el marco de un proceso de contratación realizado en 2021.
El informe determinó que el funcionario autorizó y visó el expediente técnico sin verificar, aparentemente para direccionar la compra, los precios referenciales, permitiendo así un evidente perjuicio económico al Estado.
La revelación del caso por parte de Otra Prensa no solo generó presión ciudadana, sino que impulsó la toma de acciones inmediatas por parte de la Diresa. Conforme a los lineamientos de Servir, la rotación del servidor investigado busca evitar posibles actos de reincidencia, así como la obstrucción de las investigaciones en curso.
Pero lo más grave y curioso no se limita al ámbito administrativo, dado que de ser hallado culpable en un proceso judicial, Nicolás García Herrera podría ser condenado penalmente e inhabilitado para ejercer función pública, lo que anularía su intención de postular como candidato a la alcaldía del distrito de Chetilla por el partido Somos Perú.
Esta posible inhabilitación sería un golpe directo a su aspiración política, pues la Ley de Reforma Constitucional sobre la idoneidad de candidatos establece que personas con sentencia por delitos de corrupción no pueden postular a cargos de elección popular, incluso si el fallo aún no está firme.
La actuación de la Contraloría, junto al seguimiento del Ministerio Público, y la cobertura de medios de investigación como Otra Prensa, demuestran que la vigilancia ciudadana y periodística continúa siendo un pilar esencial en la lucha contra la corrupción.
Fuente: 𝑴𝒆𝒈𝒂 𝑷𝒍𝒖𝒔 𝑻𝒗𝒆
