Eddie Cóndor Chuquiruna
Perú no atraviesa una crisis coyuntural, sino una crisis estructural que ningún gobierno podrá resolver en un solo periodo. Es un espejo incómodo. Los indicadores sociales, económicos y de infraestructura revelan una “estadística en rojo” que condensa 205 años de problemas acumulados y, con particular nitidez, el legado de la última década de gestión estatal, marcada por un Legislativo que ha subordinado al Ejecutivo. Esta estadística no es abstracta; representa el rostro de millones de peruanos que, pese a la estabilidad macroeconómica que se exhibe en foros internacionales, continúan sin acceso a servicios básicos, a una educación de calidad y a oportunidades reales.
La economista Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social e investigadora del IEP, ha insistido en que el crecimiento económico no se traduce automáticamente en bienestar para la población. En columnas y espacios de debate, junto a otros especialistas, ha alertado sobre una “situación insostenible”; poderes del Estado sin legitimidad ni capacidad para enfrentar desafíos de fondo, y una agenda pública que prioriza la coyuntura sobre el bienestar mínimo. Para Trivelli, la prioridad no es solo esperar que se recupere el crecimiento, sino que el Ministerio de Economía, la Presidencia del Consejo de Ministros y otras instituciones asuman el reto de garantizar un “bienestar mínimo para todos”.
Los datos oficiales y de organismos internacionales dibujan un panorama preocupante que no puede leerse como mera coyuntura; expresan desigualdades estructurales arraigadas en factores históricos, económicos, culturales y políticos que se han reproducido, también, por decisiones y omisiones de la última década.
En el Perú, alrededor de 9,4 millones de personas (27,6% de la población) viven en situación de pobreza (INEI), con tasas considerablemente más elevadas en las zonas rurales; este panorama se agrava por una marcada desigualdad, reflejada en un coeficiente de Gini de 0,43 (BM) que evidencia una distribución del ingreso muy desigual. Adicionalmente, el 40% de los hogares rurales carece de acceso a agua potable por red pública (MVCS), mientras que el 43% de los niños menores de tres años presenta anemia (MINSA, INEI, ENDES), una de las tasas más altas de América Latina. En el ámbito laboral, el 84,7% de los trabajadores indígenas se encuentra en situación de informalidad, cifra que supera el 90% en las zonas rurales (INEI, ENAHO), y en el plano social, el 53,8% de las mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja (INEI, ENDES).
Estos indicadores no son accidentales; son el resultado de un modelo que, en la práctica, ha tolerado la exclusión como “costo social” y ha postergado políticas de Estado de largo plazo.
La crisis de infraestructura evidencia un Estado que no ejecuta; en 2026 hay más de 2.700 proyectos públicos paralizados (CGR), con una inversión comprometida superior a S/ 67.139 millones (Felipe Morris); al mismo tiempo, el 48% de los colegios públicos (26.905 de 55.609 locales) presenta riesgo estructural, lo que afecta a más de 1,2 millones de estudiantes. Para cerrar las brechas en infraestructura educativa se necesitarían más de S/ 171.700 millones, monto que equivale a tres cuartas partes del presupuesto público anual (MINEDU, informes tipo IPE / El Comercio sobre el PNIE).
Estos números evidencian un Estado que no logra ejecutar recursos ni garantizar servicios básicos de calidad para su población, y que ha permitido que el capital comprometido en obras paralizadas se triplicara entre 2022 y 2025.
Necesitamos salir de la lógica del “corto plazo”.
Las políticas de Estado de largo plazo deben basarse en programas sociales sólidos, inversión en infraestructura básica y educación intercultural para cerrar brechas estructurales. Esto requiere una transformación institucional con enfoque de derechos, participación ciudadana y reducción de desigualdades históricas que excluyen a poblaciones rurales, indígenas y vulnerables. Los niveles de gobierno deben coordinarse, descentralizar competencias y priorizar lo social, atendiendo urgencias como la emergencia nutricional, la pobreza rural y la exclusión indígena, mediante protección social, seguridad alimentaria frente a desastres (p. ej., El Niño 2026) e inversión en zonas de alta vulnerabilidad.
Mientras lo político siga predominando sobre lo técnico, el nuevo gabinete lo es, seguiremos condenados a repetir la misma historia. Gobiernos que prometen, pero que no construyen; discursos que emocionan, pero que no transforman. Jamás saldremos de la crisis en la que estamos si es que no elegimos un Gobierno con perspectivas de hacedor de políticas públicas. La pregunta no es si podemos cambiar, sino si estamos dispuestos a exigir que el Estado deje de ser un escenario de disputa partidaria, repartijas y se convierta, finalmente, en un instrumento al servicio del bienestar de todos que revierta esos indicadores en rojo.
