El Pleno del Congreso aprobó con 90 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones el dictamen que establece medidas extraordinarias para combatir los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y de carga, consideradas servicios esenciales para la economía nacional. La norma, impulsada por el actual presidente de la República, José Jerí Oré, fue elaborada de manera consensuada con diversos sectores del Estado, como los ministerios del Interior, Transportes, Justicia y Economía, así como con el Poder Judicial, el Ministerio Público y los gremios de transportistas.
El texto aprobado contempla la creación de un registro nacional de empresas vulnerables, la intervención temporal de rutas y concesiones en riesgo delictivo, y el intercambio de información entre la Sunat, la SBS y la Policía Nacional para detectar lavado de activos. También se refuerza la coordinación entre el Ministerio del Interior y las fiscalías especializadas en crimen organizado. Según la presidenta de la Comisión de Defensa, Karol Paredes, la norma busca ofrecer una respuesta excepcional ante un fenómeno criminal que ha dejado más de 120 víctimas entre 2024 y 2025, afectando gravemente la seguridad, la economía popular y el derecho fundamental a la vida.
Fuente: Informate
