El Ministerio Público intervino este martes la sede de la Defensoría del Pueblo para recabar información sobre la controversial designación de Gino Ríos Patio como presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a pesar de contar con una sentencia firme por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico contra su exesposa.
La diligencia fue realizada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía y estuvo centrada en la Comisión Especial que se encargó de evaluar y nombrar a Ríos, la cual opera bajo el ámbito de la Defensoría y es encabezada por el actual defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.
De acuerdo con fuentes de La República, las pesquisas se enmarcan dentro de una etapa de “diligencias previas” orientadas a esclarecer si existieron irregularidades u omisiones durante el proceso de selección.
CONDENA IGNORADA DURANTE EL PROCESO
Ríos Patio fue elegido a pesar de que la abogada de la víctima presentó una tacha formal alertando sobre su antecedente judicial. No obstante, esta fue desestimada por la Comisión bajo el argumento de que el plazo de objeciones había vencido.
Durante la entrevista final, conducida por el entonces presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se priorizó una denuncia archivada por presunta corrupción y se omitió toda mención a la sentencia por violencia psicológica, según reveló el programa Cuarto Poder.
PIDEN SU VACANCIA DESDE EL CONGRESO
El escándalo ha generado una rápida reacción política. El lunes 21 de julio, los congresistas Susel Paredes y Héctor Acuña presentaron un oficio solicitando a la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, que se inicie el proceso de vacancia de Gino Ríos, en cumplimiento de la Ley Orgánica de la JNJ.
Dicha ley impide la designación de miembros que hayan sido condenados por delitos dolosos o por violencia contra mujeres o integrantes del grupo familiar. Además, el artículo 18 de la norma señala que un miembro vaca de su cargo en caso de tener una resolución judicial firme por estos motivos.
El caso ha puesto en entredicho la legitimidad del actual presidente de la JNJ y ha encendido las alarmas sobre la rigurosidad y transparencia en los procesos de selección de altos funcionarios encargados de velar por la justicia en el país.
Fuente: Jaime Abanto Padilla
