FISCALÍA REMUEVE A LOS FISCALES DEL CASO “CULEBRA Y DIABLO” Y CRECEN SOSPECHAS DE INJERENCIA POLÍTICA

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FISCALÍA REMUEVE A LOS FISCALES DEL CASO “CULEBRA Y DIABLO” Y CRECEN SOSPECHAS DE INJERENCIA POLÍTICA

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La Fiscalía de la Nación atraviesa un nuevo episodio de cuestionamientos tras la sorpresiva decisión del fiscal interino, Tomás Aladino Gálvez, de retirar a los magistrados Hernán Mendoza y Luis Ballón, quienes tenían a su cargo las investigaciones de los casos “Culebra” y “Diablo”, vinculados al actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

La medida se oficializó mediante una resolución publicada en El Peruano, donde se ordena la inmediata reasignación de ambos fiscales a otras dependencias. La decisión, lejos de ser vista como un trámite administrativo, ha despertado fuertes críticas por debilitar procesos judiciales que incomodaban a las más altas esferas del poder.

El fiscal Luis Ballón fue quien sustentó en marzo el impedimento de salida del país contra Santiváñez, mientras que Hernán Mendoza encabezó el allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte y solicitó anteriormente la suspensión del propio Gálvez. Ambos movimientos los colocaron en la mira de sectores políticos y judiciales.

La coincidencia temporal entre su retiro y el avance de investigaciones sensibles ha generado suspicacias sobre la autonomía real del Ministerio Público. Analistas advierten que se configura un patrón preocupante: cada vez que un fiscal toca intereses de alto nivel, es apartado de su cargo o trasladado a otra dependencia.

En este contexto, el apartamiento de Mendoza y Ballón es interpretado por diversos sectores como una represalia disfrazada de “reordenamiento interno”, lo que refuerza la percepción de que la Fiscalía estaría cediendo a presiones externas en lugar de garantizar justicia.

La ciudadanía, por su parte, observa con creciente indignación cómo las instituciones llamadas a combatir la corrupción y el crimen organizado parecen debilitadas por decisiones que podrían favorecer la impunidad.

El caso “Culebra y Diablo” se perfila así como un nuevo frente de conflicto, no solo por lo que implica para el ministro Santiváñez, sino también por lo que revela sobre la fragilidad del sistema de justicia en el Perú.

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