Un paso atrás para dar el puntillazo final. El miércoles 2 de julio de 2025, de pronto el presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, aceptó la suspensión de Patricia Benavides y reconoció a Delia Espinoza como fiscal de la Nación.
¿Debemos alegrarnos por el anunció del presidente de la JNJ? Finalmente, ¿aceptaron que la resolución de reposición de Benavides era inconstitucional? ¿Se dieron cuenta que estaban cometiendo un “asalto” a la cabeza del Ministerio Público?
Sería absolutamente ingenuo creer que sea así. No hay nada de eso. ¿Entonces, de qué se trata? Es una treta. Es un placebo. Es decir, generar una expectativa falsa. Es dar “un paso atrás para dar dos adelante”.
Es, por último, dar un paso atrás para dar el puntillazo final no solo a la fiscal de la Nación Espinoza y la Junta de Fiscales Supremos. Obviamente, eso no lo hará la JNJ. Ese carril no funcionó. No logró el encargo de la coalición congresal narco-criminal.
El puntillazo final del narco-golpe de Estado al Ministerio Público lo hará la misma coalición narco-minero-corrupta del Congreso. La subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en manos del narco-partido APP, ya dió el primer paso: el martes 1 de julio, aprobaron tramitar la denuncia constitucional por desacato contra la fiscal de la nación Espinoza y la Junta de Fiscales Supremos.
La aritmética de su aprobación, 11 votos a favor vs 4 en contra más 1 abstención, muestra que todas las estructuras del narcotráfico y el crimen organizado (Fuerza Popular, APP, Podemos, Perú Libre, Renovación Popular, Avanza País, etc.) mal llamados “partidos políticos”, están de acuerdo.
Esa votación prefigura que, cuando pase al pleno, toda la coalición del crimen organizado que tiene el poder político del país desde Congreso votará por esa demanda constitucional. Ergo, rodarán la cabeza de la fiscal de la Nación Espinoza y los Fiscales Supremos.
Tras ese narco-golpe de Estado contra el Ministerio Público, pondrán una Junta Transitoria con fiscales a la medida de sus intereses económicos-criminales. Esa junta sé encargará de archivar todas las investigaciones y denuncias constitucionales que ha realizado la aún actual fiscal de la Nación.
No, pues, razón a alegrarse por lo anunciado por el presidente de la JNJ. Al contrario, las fuerzas sanas y democráticas deben preparar la resistencia democrática y pacífica contra el narco-golpe de las mafias, de la “cosa nostra” local.
