Por. Mag. José Luis Gonzales Maiqui.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha establecido una contradicción flagrante. Por un lado, su nueva reglamentación margina de la franja electoral a los medios digitales con menos de 100 mil seguidores o un año de antigüedad, tratándolos como irrelevantes para el debate financiado por el Estado. Por otro, nadie niega que estas mismas plataformas son vitales, importantes y necesarias para la información diaria de los ciudadanos. Es imperativo que el JNE explique esta incoherencia.
El organismo electoral parece olvidar que la cantidad de seguidores no garantiza la calidad informativa. En la era de la inmediatez y la ligereza con la que se maneja la información, un gran alcance a menudo solo mide la viralidad, no la veracidad. Lo que sí es verdaderamente relevante es el nivel de influencia que ejerce un medio en la generación de una sociedad responsablemente informada.
Este factor es crucial en un país donde el voto es obligatorio y un alarmante porcentaje de peruanos, lamentablemente, toma su decisión de manera superficial.
Esta normativa no es inocua. ¿Estamos generando un enfrentamiento entre la monopolización de los medios y su atomización? Se premia a las grandes estructuras, sin importar su contenido, y se castiga a los medios emergentes o locales que buscan la rigurosidad.
Peor aún, bajo este “reglamento”, el parlanchín, el mercachifle informativo, el “Sinchi” de cada pueblo, tendrá carta abierta —amparado por la ley electoral— para manipular el contenido, como sabemos que trabajan. Lejos de promover la cultura cívica, esta regla parece diseñada para idiotizar a las sociedades, entregando la franja a quienes mejor saben desinformar.
Surge entonces una pregunta inevitable: para el JNE, ¿son los medios digitales serios, pero con menor alcance, simples “tontos útiles” en este esquema?
Y, ¿dónde están las voces de las instituciones? ¿Los colegios profesionales de periodistas, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), la Federación? ¿No dirán nada? La historia nos enseña que los silencios cómplices terminan siendo los actos cobardes de una sociedad permisiva, donde el abuso y las desigualdades se juegan bajo los intereses de unos cuantos.
