En un golpe oscuro contra el corazón de la justicia peruana, la banda criminal conocida como “los cuellos blancos del puerto” ha concretado la “elección” de Tomás Aladino Gálvez Villegas como Fiscal de la Nación. Este fiscal, quien regresó al cargo tras ser expulsado del Ministerio Público por graves acusaciones de corrupción, simboliza el fortalecimiento de una red que ya había infiltrado la institución durante la gestión de -la hoy también reincorporada- Patricia Benavides. Ella fue removida por sus vínculos con grupos delictivos y por obstruir investigaciones clave, como el caso Lava Jato, los procesos relacionados con su hermana, la jueza Emma Benavides, y un sinnúmero de causas contra políticos del Congreso y el Ejecutivo.
Este reacomodo no aparece de la nada. Tiene raíces claras en la eliminación selectiva de fiscales independientes. Recientemente, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en lo que parece una coordinación con actores políticos investigados, rechazó ratificar al fiscal supremo Pablo Sánchez y obligó al retiro de los destacados fiscales anticorrupción Rafael Vela y José Domingo Pérez. De esta forma, se liquida por completo la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad y Corrupción, que perseguía a funcionarios de los niveles más altos del poder, allanando el camino para la impunidad total.
Si miramos más hacia atrás, el patrón resulta vergonzoso. Primero destituyeron a la fiscal de la Nación Delia Espinoza mediante maniobras legales entre el Congreso, la JNJ y el Tribunal Constitucional (TC). Luego vino el ascenso irregular de Gálvez, quien ignoró todas las normas de carrera fiscal, autonomía funcional y el proceso para elegir a la máxima autoridad del Ministerio Público. Este ataque a la independencia del Ministerio Público ha sido alertado por la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (JUSDEM), así como por organismos especializados de la OEA y las Naciones Unidas. Sin embargo, nada detiene a un Congreso cómplice -que ha aprobado más de 10 leyes favorables al crimen organizado en los últimos años-, al TC, la JNJ, al Defensor del Pueblo, los medios afines y las redes de abogados alineados.
En este escenario, donde un alto porcentaje de congresistas y políticos en campaña enfrentan cargos por corrupción, violación sexual, lavado de activos y otros delitos, se inicia un nuevo capítulo de ataques estratégicamente orquestados contra la justicia peruana.
Este desmantelamiento sistemático debilita las instituciones judiciales de Perú y erosiona la confianza en el Estado de Derecho. La comunidad internacional, informada por reportes de la CIDH y Transparencia Internacional sobre el derrumbe anticorrupción en el país, observa todo con pasividad. Esa indiferencia pasa por alto consecuencias graves, como la violación de derechos fundamentales de los peruanos, la desaparición de la seguridad jurídica y el peligro inminente para la democracia misma.
Este daño condena a Perú a un futuro atrapado en la corrupción. Peor aún, empodera al crimen dentro de las élites y podría extenderse por América Latina y el Caribe, tal como el autogolpe de Fujimori en 1992 plantó las semillas del chavismo, con su saqueo del Estado y abusos a los derechos humanos bajo pretextos de “reformas” vacías.
Fuente: Eddie Cóndor Chuquiruna
