El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, presidido por el juez Richard Concepción Carhuancho, solicitó formalmente a las autoridades judiciales de Costa Rica la repatriación de US$6 635 000 más los intereses generados, fondos presuntamente vinculados a cobros ilícitos del expresidente Alejandro Toledo por la adjudicación de los tramos 2, 3 y 4 de la Carretera Interoceánica.
De acuerdo con el exhorto judicial, se pide el decomiso y retorno de los activos inmovilizados en dos cuentas del Scotiabank de Costa Rica, registradas a nombre de la empresa Ecostate Consulting S.A., hacia cuentas del Estado peruano. Este requerimiento se sustenta en la sentencia de colaboración eficaz del 26 de junio de 2019, consentida en enero de 2020, que determinó la procedencia ilícita del dinero.
La investigación fiscal señala que estos fondos provienen de pagos ilícitos efectuados por Odebrecht y Camargo Correa para beneficiarse con los contratos de la Carretera Interoceánica. El proceso de colaboración eficaz involucra al empresario israelí Josef Arieh Maiman Rapaport, quien admitió haber actuado como intermediario en las transferencias ilegales a favor de Toledo.
Entre los elementos corroborados figuran viajes, reuniones, transferencias bancarias y documentos financieros que evidencian la ruta del dinero. Parte de estos recursos habrían sido utilizados para la compra y pago de hipotecas de inmuebles en beneficio del exmandatario y su entorno familiar.
El pedido se ampara en el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en el principio de reciprocidad, cumpliendo además con el requisito de la doble incriminación, pues los delitos imputados —colusión y lavado de activos— también son reconocidos como ilícitos en Costa Rica.
«El hecho que se imputa (…) constituye delito en el Perú, como en Costa Rica, al haberse concertado para favorecer a la empresa Odebrecht a cambio de pagos ilícitos, en perjuicio del Estado», señala la resolución judicial.
Con esta solicitud, el Poder Judicial busca asegurar que los fondos congelados en Costa Rica retornen al Estado peruano como parte de la reparación por los actos de corrupción.
Fuente: Jaime Abanto Padilla
