El Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios (SINTPE-INPE) presentó una denuncia penal contra el presidente interino de la República, José Jerí, por una presunta intervención irregular en el establecimiento penitenciario Ancón I, realizada durante la madrugada del viernes 23 de enero.
De acuerdo con el gremio penitenciario, el mandatario ingresó al penal acompañado de una comitiva de aproximadamente 50 personas, entre asesores y personal de prensa, sin cumplir los protocolos obligatorios de control y seguridad, como la revisión biométrica del personal visitante.
El técnico penitenciario Julio Lurita Tarazona denunció que algunos integrantes de la delegación habrían ingresado portando equipos de comunicación y armamento, lo que —según precisó— constituye un delito tipificado en la Ley N.° 29867, norma que sanciona el ingreso de celulares a centros penitenciarios con penas de hasta ocho años de prisión, incluso para funcionarios públicos.
PRESUNTOS DELITOS Y TENSIÓN INTERNA
La denuncia, que ya fue puesta en conocimiento del Ministerio Público, comprende los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales, ingreso indebido de equipos de comunicación y peligro común.
El secretario general del SINTPE-INPE, Julio Burga, advirtió que la presencia de armas y la omisión de los protocolos de seguridad generaron un clima de alta tensión dentro del penal, situación que —según afirmó— estuvo a punto de desencadenar un amotinamiento en los pabellones.
Desde el sindicato, el operativo fue calificado como un “fracaso técnico”, señalando que el objetivo de exhibir ante la prensa a un presunto extorsionador no se concretó, debido a que el interno ya había sido trasladado previamente al penal de Challapalca.
Por este motivo, la denuncia también alcanza al comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, y al general Víctor Revoredo, a quienes se les atribuye haber inducido al error al jefe de Estado respecto a la ubicación del recluso.
CUESTIONAMIENTOS POLÍTICOS Y REFORMAS
El SINTPE-INPE sostuvo que este tipo de intervenciones responderían a una estrategia política destinada a desprestigiar al personal penitenciario de carrera, con el fin de justificar la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR).
Los trabajadores penitenciarios calificaron esta propuesta como un “negocio político”, que buscaría reemplazar la actual estructura del INPE por una administración conformada por personal de confianza del Gobierno.
“Deje su circo, señor Jerí. Respete al INPE para que lo respeten”, expresó el técnico Lurita, quien también cuestionó el alto costo económico que implican estos operativos, incluyendo el despliegue de tropas y tanquetas, sin resultados concretos —según afirmó— en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
Fuente: Jaime Abanto Padilla
