El gobierno de José Jerí promulgó una ley del Congreso para apoyar a las empresas de transporte urbano afectadas por la extorsión y el sicariato, en medio de un nuevo paro de transportistas.
La norma permite otorgar créditos blandos, exoneraciones temporales y bonos de reparación a las empresas “formalmente afectadas” por estos delitos, siempre que se acredite el daño con informes de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras autoridades competentes.
El financiamiento de estas medidas provendrá de un fondo especial con bienes incautados al crimen organizado, aunque expertos advierten que la norma está mal regulada y podría usarse indebidamente, ya que el proceso de extinción de dominio aún no está adecuadamente implementado.
Además, la ley incluye atención psicológica, compensaciones económicas, seguros estatales y el programa Ruta Segura Restablecida para reparar unidades o infraestructura dañada. También se creará un Observatorio Nacional de Extorsión y Violencia Económica para monitorear el problema y orientar políticas públicas.
El objetivo es garantizar la continuidad y seguridad del transporte público y de carga, considerado un sector clave para la economía nacional.
Fuente: Contraste Ayacucho
