El Gobierno del Perú negó el salvoconducto solicitado para que la ex primera ministra Betssy Chávez abandone el país con destino a México, donde se le otorgó asilo político. La decisión, anunciada por el presidente transitorio José Jerí este viernes 7 de noviembre, impide el traslado de la exfuncionaria, quien permanece refugiada en la embajada mexicana en Lima desde el pasado 3 de noviembre.
Según explicó el Ejecutivo, la Convención de Caracas de 1954 no obliga a una autorización inmediata en este tipo de casos y, además, México habría “distorsionado” el derecho de asilo al aplicarlo a delitos comunes como conspiración y rebelión, en lugar de una persecución política comprobada. Chávez enfrenta una posible condena de hasta 25 años de prisión por su participación en el intento de autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La negativa al salvoconducto profundiza la ya tensa relación diplomática entre ambos países. El 3 de noviembre, el Perú rompió relaciones con México, acusando una “inaceptable injerencia” en asuntos internos tras el otorgamiento del asilo a Chávez. Como respuesta política adicional, el Congreso declaró el 6 de noviembre “persona non grata” a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, con 63 votos a favor, señalando una interferencia continua en coordinación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
México rechazó categóricamente la medida y defendió el asilo, argumentando irregularidades en el proceso judicial contra la ex primera ministra y citando resoluciones de la ONU que respaldan su decisión como compatible con el derecho internacional.
Perú planea consultar a la Organización de Estados Americanos (OEA) y promover reformas al tratado de asilo para evitar que se repitan situaciones que considera abusivas. En tanto, analistas advierten que la permanencia indefinida de Chávez en territorio diplomático podría afectar la imagen internacional del país y escalar el conflicto con eventuales acciones legales por parte del gobierno mexicano.
Fuente: Jaime Abanto Padilla
