✍🏽 Por. José Luis Gonzales Maiqui.
➡️ Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha puesto bajo la lupa a la Municipalidad Provincial de Cajamarca tras revelar que cuatro graves observaciones identificadas en el proyecto del paso a desnivel en el cruce de las avenidas Atahualpa y Vía de Evitamiento Sur (CUI N° 2600733) quedaron oficialmente como “No Corregidas”. De acuerdo con el Oficio N° 2435-2025-2026-CTC-JCMC-CR emitido por el Congreso de la República, la comuna local dejó vencer el plazo legal establecido sin acreditar la subsanación de estas alertas técnicas y financieras. El documento detalla una serie de irregularidades que ponen en riesgo los recursos públicos de la provincia y la viabilidad misma de la obra:✅ Inconsistencias en el expediente técnico: Se detectaron errores de transcripción y descalces entre los montos del presupuesto, el cronograma valorizado y el diagrama Gantt. Aunque el municipio aseguró que la empresa contratista corregiría los errores, nunca presentó los documentos que lo demuestren. Esto podría causar retrasos y disputas legales durante la construcción. Cobros indebidos en el presupuesto: Se incluyó un monto de S/ 272 616,54 por concepto de “carta fianza de adelanto” dentro de los gastos generales, algo prohibido bajo la modalidad de Obras por Impuestos aplicable a este proyecto. A pesar de que las autoridades prometieron excluir este gasto, no entregaron evidencia de haber modificado el expediente aprobado. ✅ Dudas sobre el beneficio social: La Contraloría halló fallas metodológicas en el cálculo de la rentabilidad del proyecto (indicadores VAN y TIR). Si bien la municipalidad alegó que los cálculos fueron ajustados por la empresa, no adjuntó pruebas refrendadas de estos cambios en los archivos oficiales. ✅ Financiamiento irregular del control institucional: El convenio original cargaba el costo del propio control concurrente de la Contraloría como parte de la inversión total, cuando la ley exige que sea asumido por la propia entidad pública. El municipio afirmó que no pagaría dicho importe, pero omitió tramitar la modificación formal del Convenio de Inversión Pública Local. Presión social y ambiental.A estas observaciones institucionales se suma el malestar del Comité de Vecinos del Barrio Pueblo Libre – Sector 9, quienes mediante una solicitud formal han alertado sobre una alarmante pérdida de rentabilidad social (con un VAN y TIR que proyectan saldos negativos) y una presunta subestimación del impacto ambiental del proyecto, el cual implicaría la intervención y afectación de más de 200 especies de árboles y vegetación en la zona urbana. Ante el vencimiento definitivo de los plazos para corregir estas deficiencias el pasado 4 de abril de 2026 , el caso ya ha sido puesto en conocimiento de organismos de fiscalización como el Congreso de la República, el Ministerio Público y el SENACE. La falta de respuestas formales y el descuido administrativo dejan a los funcionarios municipales expuestos a serias investigaciones por presunto perjuicio económico e inconducta funcional
