Hoy recibí una carta notarial firmada por Gian Franco Zanelli Arana, representante de Zane Construcción S.A.C. Me exige rectificar y suprimir, en 48 horas, las publicaciones de la investigación del llamado caso #RogerGate. Además, anuncia acciones legales.
Esta es mi respuesta:
Mandar una carta notarial puede hacerlo cualquiera. Demostrar que una investigación es falsa es otra cosa.
En las nueve entregas de la investigación informé sobre la participación de la empresa que representa en contrataciones realizadas con el Gobierno Regional de Cajamarca, a través de resoluciones oficiales, y financiadas con recursos públicos (Obras por Impuestos -OxI). Nunca abordé la vida privada ni el honor personal del señor Zanelli, ni le atribuí personalmente la comisión de un delito. Su nombre aparece porque es el gerente general y representante de la compañía beneficiada con esas adjudicaciones.
La carta no identifica una sola cifra falsa, una resolución inexistente, un CUI inventado, una fecha adulterada o un documento fraudulento. Tampoco explica por qué diez proyectos vinculados con Zane pasaron de S/216,583,871.44 a S/301,980,388.25 después de las adjudicaciones.
Una empresa no posee honor subjetivo como una persona. La ley puede proteger su buena reputación empresarial, pero esa protección no significa inmunidad frente a la fiscalización ciudadana ni permite convertir una carta notarial en una orden de censura.
Quien contrata con el Estado acepta que sus propuestas, adjudicaciones, montos, modificaciones presupuestales y relaciones con funcionarios sean examinados públicamente. Aquí están comprometidos más de S/301 millones del presupuesto regional. Por tanto, estamos ante un asunto de incuestionable interés público.
Cuando se exige borrar una investigación completa sin desmentir documentalmente ninguno de sus datos centrales, la finalidad práctica no parece ser corregir una falsedad: parece ser silenciar al periodista y detener las siguientes investigaciones.
No retiraré las publicaciones. Si Zane Construcción posee documentos capaces de refutar los montos, las fechas o las resoluciones difundidas, puede entregarlos. Publicaré su posición íntegra y la contrastaré con el mismo rigor empleado hasta ahora.
Mientras tanto, continuaré investigando y publicando.
El periodismo no necesita permiso de los contratistas del Estado. Necesita documentos, rigor y coraje. Y los documentos están ahí.
Fuente: Robert Santillán
