Un serio retroceso en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado se ha producido con el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) del Perú. Mediante una controvertida sentencia, el TC ha eliminado la aplicación retroactiva de la figura de extinción de dominio para bienes de origen ilícito obtenidos antes del 2018, lo que en la práctica impide al Estado recuperar propiedades adquiridas mediante delitos como narcotráfico, lavado de activos o corrupción cometidos antes de esa fecha.
El máximo intérprete de la Constitución declaró inconstitucional el artículo 2.5 del Decreto Legislativo 1373, que permitía confiscar bienes sin importar si el hecho ilícito ocurrió antes de la entrada en vigencia del decreto. Con esta decisión, no solo se detiene la confiscación de propiedades vinculadas a delitos cometidos antes del 2018, sino que también se obliga al Estado a devolver bienes que ya habían sido incautados, o en su defecto, indemnizar a los involucrados con el valor actualizado de mercado más intereses.
Expertos en derecho penal y organismos de transparencia han advertido que esta decisión representa un grave precedente que socava los esfuerzos de recuperación de activos y permite a mafias, funcionarios corruptos y lavadores de dinero conservar patrimonios obtenidos de forma ilícita.
A pesar del impacto de esta medida, los magistrados del Tribunal Constitucional tienen previsto viajar próximamente a Madrid para participar en el VI Congreso de Justicia Constitucional, con un gasto público superior a S/18.000 en pasajes y viáticos, generando aún más críticas sobre sus prioridades institucionales.
En paralelo, otro reciente fallo del TC también ha causado polémica: ha determinado que los municipios no podrán utilizar grúas ni aplicar multas a vehículos mal estacionados, medida que podría convertir las calles en cocheras públicas, según han advertido autoridades locales y ciudadanos.
Diversas voces desde el Congreso, la sociedad civil y organizaciones internacionales han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que el fallo sobre la extinción de dominio incentive la impunidad y debilite al sistema judicial frente al crimen económico y la corrupción estructural.
Fuente: Jaime Abanto Padilla
