El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cajamarca, Alfredo Rebaza, respondió a cuestionamientos al fiscal que dejó en libertad a sujeto que amenazó a mujer empresaria y roció combustible en su negocio para exigirle un pago.
Según la máxima autoridad del Ministerio Público en Cajamarca, el fiscal responsable del caso no solicitó la prisión preventiva porque no se reunían los requisitos que exige la norma (fundados y graves elementos de convicción que vinculen al imputado con el delito, prognosis de pena mayor a 5 años y peligro procesal, ya sea peligro de fuga u obstaculización de la investigación).
Cabe indicar que para solicitar la prisión preventiva y la misma se le aplique al imputado se deben cumplir obligatoriamente con los tres requisitos antes señalados.
Alfredo Rebaza señala que el fiscal no pidió la prisión preventiva al considerar que no hubo fundados y graves elementos de convicción que vinculen al imputado con el delito de tentativa de homicidio, pues según explica, pese a corroborarse que el sujeto venezolano roció combustible en el local de la empresaria, no se encontró la caja de fósforos en la escena, además todavía no se comprueba si la ropa de la afectada también fue rociada, tal y como lo señaló en su denuncia.
Asimismo, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cajamarca, informó que el delito de extorsión está prácticamente descartado porque el imputado reclamaba un pago por un servicio brindado a la empresaria con quien trabajaba.
Finalmente refirió que de todas maneras el caso ya está en manos del órgano de control del Ministerio Público para que pueda evaluar la actuación del fiscal.
CUESTIONAMIENTOS AL FISCAL
Especialistas en derecho penal señalan que el rociar combustible en el local y las amenazas sí son graves elementos de convicción que vinculen al imputado con el delito de tentativa de homicidio, y que no se haya encontrado la caja de fósforos no les quita peso. Refieren también que tampoco es un argumento válido no haber tenido en el momento el resultado de la pericia de la ropa de la denunciante para corroborar si había sido rociada con combustible.
