La pregunta política y moral que debería ocupar el centro del debate público en el Perú es sencilla y urgente: ¿cómo construimos instituciones que impidan que gobernantes incompetentes o corruptos causen daños irreparables?
Más allá del resultado de cualquier elección, lo esencial es si somos capaces de edificar y proteger instituciones democráticas que mitiguen las consecuencias de malos gobiernos. No me refiero a rituales formales; hablo de estructuras reales que distribuyan el poder, obliguen a rendir cuentas y garanticen derechos. Ejemplos concretos: Poder Judicial y Ministerio Público autónomos; Contraloría y Defensoría del Pueblo con capacidad técnica y operativa; autoridades electorales imparciales y reglas claras; límites efectivos a la influencia económica en la política; transparencia real en contratos y nombramientos; y un Congreso que legisle contra y no a favor del crimen y fiscalice sin impunidad. Estas instituciones no son tecnicismos; son la primera barrera frente a decisiones personales e improvisadas que dañan a la sociedad.
Los partidos políticos no pueden quedar al margen. Cuando funcionan como canalizadores de intereses y formadores de cuadros, fortalecen la democracia. Para ello hacen falta reformas: Financiamiento transparente, internas democráticas obligatorias, límites razonables a la reelección de dirigentes y sanciones efectivas contra la corrupción. En los últimos años, el propio Congreso ha debilitado estos mecanismos. Si queremos partidos responsables necesitamos personas honestas haciendo parte, leyes que garanticen apertura y transparencia, y supervisión independiente que evite que se conviertan en feudos corruptos de cargos y clientelas.
No hay democracia sin instituciones autónomas. Resulta paradójico que jueces y fiscales que en el pasado investigaron a exmandatarios y políticos con juicios por corrupción hoy sean objeto de persecución. En lugar de proteger la independencia judicial, la Junta Nacional de Justicia se ha dedicado a llevar a cabo purgas dirigidas. Lo que estamos presenciando es la captura de las instituciones encargadas de investigar la corrupción y administrar justicia, mientras la impunidad se consolida como política pública.
La fragilidad institucional también erosiona derechos fundamentales. Si el Estado pierde control y se tolera la captura, quedan en riesgo derechos básicos -la vida, la seguridad, un juicio justo- y la arbitrariedad se normaliza. La degradación es estructural y no se corrige con buenas intenciones.
¿Qué puede hacer la sociedad? El Estado es más que funcionarios; son instituciones, reglas y ciudadanía. Recuperarlo exige una ciudadanía activa, informada y exigente. No basta con votar. Hay que defender controles, denunciar capturas, exigir transparencia y participar en espacios públicos y organizaciones que demanden rendición de cuentas. Si la política hoy es dominio de mafias partidarias, intereses opacos y operadores mediáticos, tenemos una democracia hipotecada.
Ya no es un riesgo; es una realidad. La perversión del Estado peruano nos arrastra hacia un escenario de “Estado fallido”, incapaz de proteger los derechos. A lo largo de nuestra historia, quienes promovieron la violencia y el autoritarismo contribuyeron de manera sistemática al debilitamiento de la vida institucional: las dictaduras militares, el terrorismo mesiánico y los pactos del fujimorismo con sus aliados son ejemplos de ello. Por eso defender la democracia no es un formalismo; es erigir defensas concretas frente a quienes rechazan y ponen en peligro la convivencia democrática.
La democracia exige instituciones fuertes y ciudadanos responsables. Recuperar el Estado es una tarea colectiva. No bastan buenos gobernantes; hacen falta reglas e instituciones que minimicen el daño cuando gobiernen los malos. Esto no es pesimismo; es prudencia, y la única manera de sostener la esperanza de una vida democrática para las próximas generaciones.
FUENTE: Eddie Cóndor Chuquiruna
