El Colegio de Abogados de Lima (CAL) emitió un enérgico pronunciamiento en el que acusa a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, de desacatar una orden judicial que dispone la reposición inmediata de Delia Espinoza como fiscal suprema. El gremio advierte un grave deterioro institucional motivado por intereses y cálculos políticos.
La tensión dentro del Sistema de Justicia peruano se ha agudizado tras la denuncia del CAL, que reprocha la omisión de ambas autoridades frente a la resolución del Noveno Juzgado Constitucional de Lima. Esta sentencia ordenaba reinstalar a Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación antes del 14 de noviembre, plazo que ya se encuentra vencido.
Para la orden profesional de abogados, esta negativa constituye una seria afectación al Estado de derecho y una señal clara de vulneración de la autonomía judicial. En su comunicado, el CAL asegura que detrás de esta resistencia se esconden motivaciones políticas que comprometen la integridad de las instituciones encargadas de administrar justicia.
El documento señala que la desobediencia por parte de las autoridades involucradas podría justificar una acusación constitucional, pues —según sostienen— se estaría otorgando un peligroso margen para vulnerar el debido proceso y los derechos fundamentales de las personas.
Delia Espinoza también se pronunció, acudiendo a la Corte Superior de Justicia de Lima para exigir que se agilicen los trámites administrativos y se formalice su reincorporación. La magistrada advierte que la actitud de la JNJ y del fiscal interino constituye un claro desacato que genera mayor incertidumbre en el Ministerio Público.
Espinoza sostiene que esta resistencia obligará al juez a ejecutar la sentencia y a disponer la inmediata entrega del cargo. A pesar de los cuestionamientos administrativos y un pedido de aclaración presentado por su defensa, la magistrada reafirma que su reposición debe concretarse sin más demoras.
Finalmente, el CAL exhortó tanto a Gálvez como a la JNJ a acatar la decisión judicial y respetar el orden constitucional, remarcando la importancia de actuar con transparencia y dentro del marco del Estado de derecho.
Fuente: Jaime Abanto Padilla
