José Miguel Castro, conocido por las constructoras brasileñas como ‘Budián’, sabía mucho. En paralelo a su gestión pública de gerente municipal, era el encargado de captar los dineros ilícitos tanto de Odebrecht como de OAS, que fueron a parar a las campañas de Susana Villarán: la no revocatoria y la reelección.
“José Miguel Castro le pidió tres millones de dólares para la campaña de Villarán y ella llamó para agradecer y confirmar que la conversación con Castro era correcta”, fue la frase delatora que utilizó en 2019 el entonces director de Odebrecht en Perú, Jorge Barata.
De esta manera, el exmandamás de la constructora confirmó que sí le dieron dinero a la exalcaldesa Susana Villarán para dos de sus campañas electorales y que el receptor de estos millones fue José Miguel Castro Gutiérrez, fallecido hace dos días.
José Miguel Castro murió en un contexto que causa intriga, puesto que el viernes pasado se reunió con los fiscales José Domingo Pérez y Walter Villanueva para evaluar nuevamente si firmaban un acuerdo que lo volviera oficialmente colaborador eficaz.
Con la muerte de Castro Gutiérrez no solamente se va su valioso testimonio en contra de Villarán, sino también en contra de un grupo de funcionarios involucrados en este caso de corrupción que se tejió a partir del financiamiento ilícito de la constructora brasileña Odebrecht para las campañas del “No a la revocatoria” y la reelección de Susana Villarán entre los años 2013 y 2014.
IMPLICADOS:
Para el depósito de los US$3’000,000, José Miguel Castro solicitó a Gabriel Prado que se abriera una cuenta en la Banca Privada de Andorra. Prado, exgerente de Seguridad Ciudadana de la gestión de Villarán, así lo hizo y recibió el dinero.
“Ya había sido pagada una parte en efectivo, pero cuando yo salí de la constructora había todavía un saldo que pagar y (José Miguel) Castro me pedía a mí que terminara de pagar”, explicó en la misma declaración Barata.
Por la campaña de Revocatoria del año 2013, la organización liderada por Susana Villarán y José Miguel Castro realizó solicitudes de dinero provenientes de actos de corrupción con las empresas Odebrecht, OAS y Graña y Montero, por la suma total de US$6’200,000 y recibieron US$6’100,000. Según la acusación que se expondrá en el juicio próximo, Odebrecht puso US$3’000,000, OAS US$3’000,000 y GyM US$100,000.
En 2014, las constructoras volvieron a solventar las campañas de la alcaldesa, que en ese entonces tentaba reelección. Según la acusación, esta vez llegaron US$1’193,816.68 provenientes de la empresa Rutas de Lima (Odebrecht), y OAS esta vez se portó con la suma de US$4’000,000. En total, para las dos campañas, más de 11 millones de dólares en coimas, pues de por medio estaban las obras y proyectos de la ciudad de Lima.
Fuente: Perú21.
