La censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que terminó destituido, no solo dejó un cargo vacante en el Ejecutivo, sino también sembró dudas sobre el verdadero impacto de sus gestiones en San Ignacio.
En el centro de la controversia aparece la congresista Tania Ramírez, cuya relación con el censurado ministro y su influencia en la asignación de recursos públicos despertó sospechas.
Según la unidad de investigación de Panorama, el 1 de septiembre de 2024, Santiváñez llegó a la provincia cajamarquina con la promesa de reforzar la seguridad.
Anunció la asignación de 25 efectivos para la Comisaría Sectorial de San Ignacio y garantizó la llegada de un patrullero y dos motocicletas antes de fin de mes.
No obstante, su segunda visita, el 24 de febrero de 2025, trajo consigo interrogantes. Aterrizó en helicóptero con dos motos usadas y un expediente técnico para la construcción de una nueva comisaría, valorada en 17 millones de soles.
La oficial PNP Rosa Ramírez García, hermana de la parlamentaria y conocida como ‘Tormenta’, fue una de las figuras centrales en estos encuentros.
Como piloto de helicóptero y abogada, ocupa posiciones estratégicas en la comisaría de San Ignacio.
Su presencia recurrente junto a Santiváñez y su vinculación con las decisiones ministeriales provocan especulaciones sobre un posible favoritismo.
“¿Deuda? No le debo ningún favor al señor”, afirmó tajante la legisladora Ramírez cuando se le cuestionó sobre sus reuniones con el entonces ministro.
A pesar de ello, la oposición considera que las constantes visitas de Santiváñez a San Ignacio y la presencia de su hermana en los eventos oficiales no fueron casualidad.
CUESTIONAN GESTIÓN DE SANTIVÁÑEZ
Cecilia Ruiz Morales, especialista en contratos públicos, explicó que la entrega de un expediente técnico por parte del ex titular del Mininter no aseguraba el financiamiento del proyecto.
“Es como entregar nada”, precisó, subrayando que lo necesario era un contrato garantizado.
Además, cuestionó el uso de recursos para trasladar autoridades sin un impacto real en la seguridad.
En contraste, el alcalde de Cutervo, Moisés González, denunció que su jurisdicción no recibió mejoras en seguridad durante la gestión de Santiváñez.
“Lamentablemente, no tenemos una representación congresal que facilite las gestiones”, señaló.
La congresista Ramírez, por su parte, defendió su accionar. “Voy a llevar a cualquier ministro a mi provincia porque tienen que cumplir”, sentenció.
Sin embargo, sus vínculos con Juan José Santiváñez y la posición de su hermana en San Ignacio continúan propiciando dudas sobre si su verdadera intención era fortalecer la seguridad o beneficiar a su entorno cercano.
