Un nuevo escándalo sacude a la Contraloría General de la República tras conocerse que Arminda Lizet Marín Cachay ha sido contratada para desempeñar funciones en la Oficina de Control Interno del Gobierno Regional de Cajamarca (GORECAJ), a pesar de haber sido sancionada sin goce de remuneraciones, mediante la Resolución del Órgano Sancionador N.º 21-2021-OD-PAD-MPC por una falta disciplinaria grave tipificada en el artículo 7, numeral 6 de la Ley N.º 27815 – Código de Ética de la Función Pública, por negligencia en sus funciones.
Es necesario mencionar que tras un recurso de apelación interpuesto por la señora Armanda Lizet Marín Cachay contra la Resolución de Órgano Sancionador Nº 119-2021-OS-PAD-MPC, del 18 de agosto de 2021, emitida por la Dirección de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, se revocó la citada resolución.
Lo alarmante del caso es que se trata de una entidad del Sistema Nacional de Control, donde la normativa exige que sus servidores mantengan conducta intachable y probidad acreditada, principios éticos fundamentales que deben evaluarse rigurosamente en todo proceso de selección.
La Contraloría General, encargada precisamente de cautelar la legalidad y la ética en la administración pública, está ahora en el ojo de la tormenta, ya que debía valorar la idoneidad moral y ética de la servidora antes de su incorporación, en cumplimiento de los principios rectores del control gubernamental.
Fuente: Dbate
