La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de S/ 74 387 en el Gobierno Regional de Cajamarca, producto de contrataciones irregulares de servicios de alimentación que no habrían sido efectivamente prestados, pero que sí fueron pagados con recursos públicos.
De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 058-2025-2-5336-AC, los hechos se produjeron durante el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, detectándose presunta responsabilidad penal y administrativa en once funcionarios de la entidad regional.
El informe detalla que se realizaron contrataciones de servicios de alimentación, iguales o inferiores a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), financiadas con presupuestos destinados a acciones de relaciones públicas e imagen institucional, acciones de personal y atención a personas con discapacidad, sin que los servicios contratados se ejecutaran conforme a lo establecido.
Entre los casos observados, la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas solicitó servicios de alimentación para dos eventos realizados en diciembre de 2023 y marzo de 2024, los cuales no se llevaron a cabo, pese a lo cual se otorgó la conformidad y se autorizó el pago a los proveedores, ocasionando un perjuicio económico de S/ 19 387, sin aplicar las penalidades contractuales correspondientes.
Asimismo, la Subgerencia de Desarrollo Social y Humano contrató en junio de 2024 un servicio de alimentación para charlas de sensibilización sobre el trato adecuado a personas con discapacidad, dirigidas a estudiantes de nivel secundario. Sin embargo, según la evidencia recabada, el servicio no fue prestado, pero contó con la conformidad del área usuaria, sustentada en documentación carente de veracidad, generando un perjuicio económico de S/ 16 500.
De igual manera, la Dirección de Personal solicitó servicios de alimentación para dos eventos con trabajadores del Gobierno Regional, realizados en enero y diciembre de 2024. En estos casos se detectaron irregularidades en la contratación de proveedores y el uso de documentos presuntamente falsos, lo que permitió el pago de servicios no ejecutados y ocasionó un perjuicio económico de S/ 38 500.
La Contraloría precisó que los resultados del informe corresponden a una muestra de las órdenes de servicio contratadas por la sede central del Gobierno Regional de Cajamarca durante los años 2023 y 2024. El informe ya fue remitido al titular del Gobierno Regional, al órgano instructor y al procurador público especializado en delitos de corrupción, a fin de que se inicien las acciones penales y administrativas correspondientes contra los funcionarios implicados.
Fuente: Jaime Abanto Padilla
