El retraso no se tapa con advertencias legales.
El Ministerio de Salud dejó poco margen a la interpretación cuando, mediante el Oficio Múltiple D000270-2025-OGGRH-MINSA, ordenó a todas las unidades ejecutoras del sector salud a expedir las resoluciones que formalizan los ascensos de nivel remunerativo autorizados por ley. El documento fue emitido el 17 de diciembre de 2025 y no solo recordó el marco normativo aplicable, sino que advirtió que el incumplimiento daría lugar al inicio de procedimientos administrativos disciplinarios contra los responsables de cada entidad.
El mandato era claro y alcanzaba, entre otras, a la Red Integrada de Salud Cajamarca. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en otras jurisdicciones, en esta red el proceso quedó detenido en su etapa final. Las resoluciones no se emitieron y los trabajadores continuaron a la espera, pese a que el concurso interno ya había sido realizado y los resultados estaban definidos desde meses atrás.
Los hechos demuestran que el retraso no fue general ni inevitable. Otras unidades ejecutoras del mismo sector, bajo las mismas normas y los mismos sistemas administrativos, sí cumplieron. La RIS Cutervo entregó resoluciones de ascenso el 6 de enero. En tanto, la Red de Salud Santa Cruz y el Hospital General de Jaén emitieron resoluciones el 31 de diciembre. La RIS Hualgayoc hizo lo propio dentro del mismo periodo, cerrando el año con el proceso formalizado.
Estos casos evidencian que la actualización en el AIRHSP y la emisión de resoluciones no eran un obstáculo insalvable, sino una responsabilidad de gestión. El argumento de una supuesta espera técnica pierde fuerza cuando otras unidades, con similares condiciones administrativas, sí concluyeron el trámite.
A ello se suma que el propio Gobierno Regional de Cajamarca emitió un documento dirigido a todas las unidades ejecutoras dependientes de la Dirección Regional de Salud, solicitando expresamente la emisión de las resoluciones de ascenso conforme a lo dispuesto por el Ministerio de Salud. Es decir, no solo existía una orden nacional, sino también una exigencia a nivel regional para cerrar el proceso.
Pese a ello, la RIS Cajamarca no cumplió. Y el problema no se limita a esta red. La misma situación se reproduce en la sede central de la DIRESA Cajamarca, donde tampoco se han emitido oportunamente las resoluciones de ascenso, replicando el mismo patrón de retraso administrativo frente a un mandato normativo expreso.
En ese contexto, el comunicado emitido por la RIS Cajamarca resulta insuficiente y preocupante. En lugar de explicar por qué no se acató una orden ministerial ni por qué se ignoró un requerimiento del propio Gobierno Regional, el documento cierra con una advertencia genérica sobre posibles acciones legales por supuestos actos de difamación. Esa advertencia no resuelve el retraso, no emite resoluciones y no responde a la pregunta central de los trabajadores.
El oficio del Ministerio de Salud es explícito al señalar que la inobservancia del proceso puede generar responsabilidades disciplinarias para los titulares y funcionarios a cargo de las unidades ejecutoras, en este caso, de hallarse responsabilidad, quien afrontaría un proceso administrativo disciplinario sería el director de esa institución, Jhonatan Paredes Vásquez. A la luz de los hechos, el retraso no es una percepción ni una opinión, sino una situación objetiva atribuible a la gestión de la RIS Cajamarca y de la sede central de la DIRESA, más aún cuando otras redes ya cumplieron bajo el mismo marco legal.
Las advertencias discursivas no sustituyen el cumplimiento de la ley. Mientras las resoluciones sigan sin emitirse, el problema no es lo que se dice sobre el proceso, sino lo que no se hace para concluirlo.
Fuente: Otra Prensa
