El Ministerio Público abrió investigación contra el alcalde Arturo Alva Rojas por presuntas irregularidades en contratación y ejecución de obras en Sucre, proceso tramitado en el Expediente N.º 49-2025 a cargo de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cajamarca.
La gestión municipal de Sucre enfrenta un momento decisivo. El alcalde Arturo Alva Rojas es investigado por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dentro del Expediente N.º 49-2025, por hechos que podrían configurar colusión y negociación incompatible durante la adjudicación y ejecución de obras financiadas con presupuesto público.
La carpeta fiscal reúne informes, cotizaciones, resoluciones y órdenes de servicio que apuntan a un patrón administrativo que la ley prohíbe. La Fiscalía sostiene que durante el 2024 y 2025 se habrían entregado contratos a proveedores determinados, en procesos donde no habría existido competencia real ni cumplimiento estricto de la normativa de contratación estatal. Ese comportamiento, si se acredita, encaja en la figura penal de concertación indebida entre funcionarios y contratistas.
Los investigadores han identificado adjudicaciones con observaciones técnicas, expedientes incompletos, empresas que no cumplirían condiciones de capacidad operativa y contratos otorgados con plazos reducidos o sin justificación documentada. La irregularidad más recurrente señalada en el expediente es la ausencia de procesos competitivos y la aparente coordinación previa entre funcionarios y postores para asegurarles la buena pro.
También se analizan valorizaciones y pagos adelantados que no guardan relación con el avance real de obras reportadas. Este tipo de discrepancias constituye uno de los principales indicadores de alerta fiscal y forma parte de la hipótesis de perjuicio patrimonial contra la municipalidad de Sucre.
La Fiscalía apunta además a decisiones adoptadas desde el despacho del alcalde que, según los documentos recabados, no estarían respaldadas por informes legales o técnicos y habrían favorecido directamente a ciertos proveedores. El expediente recoge memorandos internos, solicitudes de requerimientos y hojas de control de tesorería con montos que actualmente están bajo revisión.
Todo el proceso se encuentra en etapa preliminar. No determina culpabilidad ni sanción, pero sí acredita que existen actos suficientes para justificar la intervención fiscal. El Ministerio Público continúa receptando declaraciones de funcionarios, contratistas y servidores vinculados a las áreas de logística y obras.
El caso representa uno de los procesos de control público más relevantes en Celendín, no solo por la investidura del investigado, sino porque el expediente cuestiona la forma como se gastan los recursos del distrito. La Fiscalía buscará establecer si los hechos se enmarcan en errores administrativos o en concertación que afectó directamente el patrimonio del Estado.
Mientras la investigación avanza, el alcalde Arturo Alva Rojas mantiene la presunción constitucional de inocencia, pero la apertura del proceso deja en evidencia que en Sucre el cemento no solo se evalúa en metros cúbicos, sino en la legalidad que respalda cada obra y cada sol invertido.
