La versión pública sostenida por el director regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE), Luciano Méndez, sobre los hechos ocurridos durante la II Feria Regional Laboral realizada en la Universidad Nacional de Cajamarca se contradice con documentación oficial, registros de seguridad y material audiovisual verificado que obran en poder de este medio, así como con el cruce de información obtenido en el marco de una revisión rigurosa de actuaciones administrativas.
Pese a haber desacreditado públicamente el trabajo periodístico y afirmar que no existió una investigación seria, los hechos objetivos lo desmienten. Un documento oficial remitido por la Universidad Nacional de Cajamarca el 12 de diciembre de 2025 adjunta registros fotográficos con marca horaria visible, 6:31 p. m., que evidencian que, mientras el evento aún se desarrollaba, ya se producían irregularidades al interior del campus universitario.
Los informes institucionales de la UNC son claros y coincidentes. Dan cuenta de consumo de alcohol, presencia de funcionarios y servidores en aparente estado de ebriedad, actos de vandalismo y agresiones verbales contra el personal de seguridad. Todos estos hechos ocurrieron dentro de espacios universitarios y bajo la organización directa de la Dirección Regional de Trabajo, lo que desvirtúa cualquier intento de minimizar lo sucedido o de deslindar responsabilidades institucionales.
Luciano Méndez ha sostenido además que actuó de manera oportuna y por iniciativa propia al remitir la documentación relacionada con estos hechos a las instancias correspondientes. Sin embargo, los documentos que se encuentran bajo nuestro recaudo y la secuencia administrativa verificada confirman que dicha actuación no se produjo de oficio, sino como consecuencia de requerimientos formales posteriores. Este hecho deja sin sustento la versión de una intervención voluntaria y diligente.
Esta precisión resulta determinante, pues desmonta el discurso de una gestión proactiva frente a los hechos ocurridos. La evidencia documental revisada muestra que la respuesta institucional fue reactiva y condicionada, no originada por una decisión autónoma del titular de la DRTPE. Cualquier afirmación en sentido contrario no encuentra respaldo en los registros administrativos disponibles.
Lejos de esclarecer los hechos, Méndez ha optado por desacreditar la información difundida y calificarla de falsa. No obstante, el contenido publicado se encuentra respaldado por pruebas objetivas, verificables y coherentes entre sí. Esta conducta revela un intento de desviar la atención del fondo del asunto y de eludir responsabilidades frente a hechos que ocurrieron bajo su ámbito de competencia.
Este medio precisa que la información difundida se sustenta en documentos oficiales, registros institucionales, material audiovisual verificado y análisis de actuaciones administrativas, manteniendo en estricta reserva la identidad de las fuentes por razones de seguridad y ética periodística. Toda la documentación que respalda esta investigación se encuentra bajo custodia y será puesta a disposición de las instancias correspondientes para las acciones que en derecho correspondan.
En este caso no se está ante interpretaciones antojadizas ni versiones interesadas. Lo que existe es un conjunto consistente de documentos oficiales, registros institucionales y actuaciones administrativas que permiten reconstruir los hechos con claridad y que dejan en evidencia las inconsistencias del discurso sostenido por el director regional de Trabajo. La cronología verificada no respalda sus afirmaciones.
Cuando las declaraciones públicas no resisten el contraste con la documentación, el problema deja de ser comunicacional y se convierte en uno de responsabilidad institucional. En ese escenario, desacreditar a la prensa no esclarece los hechos ni neutraliza las evidencias. La transparencia no se proclama, se demuestra, y frente a pruebas objetivas, la negación pública no constituye una defensa, sino una confirmación de las contradicciones existentes.
Fuente: OTRA PRENSA
