Por Jaime Antezana
La brutal represión de la PNP del terruqueador Oscar Arriola, por encargo del gobierno de José “violín” Jeri elegido por la narcomafia del Congreso, ha provocado la muerte del músico Eduardo Mauricio Ruiz. Así, pese a que el general Arriola negaba el uso de pistolas, el occiso se convierte en la primera víctima mortal de las protestas convocada por la Generación Z
La muerte del músico Ruiz, confirmada por sus familiares (Eloy Marchan), ocurrió en las inmediaciones de la plaza Francia por disparos de un policía Terna (efectivo que visten de civil para infiltrarse en las protestas), alrededor de las 11.20 pm del 15 de octubre. Es decir, cuando – según todo indicaba – la marcha había concluido.
Eduardo Mauricio Ruiz, quien participó en la multitudinaria movilización de la Generación Z, gremios sindicales, universitarios, etc, llegó cadáver al hospital Loayza. Lo único que hicieron los médicos fue certificar su deceso (Ibid). Ese fue el corolario de la brutal represión que la PNP desplegó desde, más o menos, las 7 pm.
Fueron, pues, los disparos de balas de un efectivo terna, no de gomas como decía el general Arriola, la que ha ensangrentado las manos del gobierno de José Jeri, en una protesta que, más allá de los incidentes frente al Congreso producto de la represión policial, ha sido pacífica.
Tras difundirse la noticia de este suceso luctuoso, inmediatamente los colectivos de la Generación Z han convocado a una movilización para el 16 de octubre. No hay que ser pitonisos para presagiar que se viene una mayor movilización de jóvenes y más sectores sociales en Lima y el país.
La responsabilidad de José Jeri en el asesinato de Mauricio Ruiz no solo es política sino directa: al inspeccionar personal y públicamente las zonas de represión policial contra los manifestantes es la muestra palmaria que es el responsable operativo de esta condenable e irreparable perdida.
Más aún, según informe de autopsia, el disparo que le quitó la vida a Eduardo Mauricio Ruiz fue al corazón, es decir, habría sido – al igual que los asesinatos en Ayacucho y Juliaca – una ejecución extrajudicial. Obviamente, lo dicho tiene que ser corroborado por una investigación exhaustiva.
Lo concreto es que, en menos de una semana de gobierno, ya tiene las manos manchadas de sangre. Y si quiere evitar movilizaciones de mayor envergadura y escala nacional, lo único que le queda es la renuncia y la recomposición de la mesa directiva del Congreso. En otros términos, de un gobierno de transición de congresistas que no forman parte del pacto narcomafioso.
Eso es lo que ocurrió en 200, tras la vacancia de Fujimori y en 2020 luego de la renuncia de Merino. La responsabilidad está en manos del narcofujimorismo y sus aliados. Si no leen el humor de la ciudadanía expresada en la marcha que ha terminado con una víctima mortal, están cavando su sepultura política en las elecciones generales del 2026.
Definitivamente, la correlación de fuerzas ha cambiado: los más de 95% de peruanos que los desaprueban y odian han pasado a expresarse en las calles. Y van por ellos, liderados por la Generación Z local, el bloque universitario y los colectivos juveniles que han surgido como hongos.
Fuente: Jaime Abanto Padilla
