Analista Luis Torres señala que el alcalde prefiere hablar de obstáculos judiciales, cuando el verdadero obstáculo es la falta de voluntad para gobernar con legalidad.
Hoy el alcalde provincial de Cajamarca ha declarado esta mañana a los medios de comunicación — con tono de reproche e indignación— que el Poder Judicial “le quita autoridad” a la Municipalidad. Ha afirmado que los jueces, a través de acciones de amparo y fallos judiciales, limitan la capacidad de gestión edil y entorpecen los intentos de orden y fiscalización.
Entrevistamos al analista y columnista de Periodismo Urbano el Abogado Luis Torres quien señala que la narrativa es clara: se posiciona como víctima de un sistema judicial que, supuestamente, frena su autoridad. “Cuando uno revisa con atención el expediente N.º 0041-2025, la historia es muy distinta a la que el alcalde intenta contar. La sentencia expedida por el Primer Juzgado Civil de Cajamarca no solo desmonta el discurso político, sino que pone al descubierto una omisión concreta, objetiva y jurídicamente insostenible por parte de la Municipalidad” asevera.
El caso es sencillo, pero revelador. En abril de 2024, la propia Municipalidad Provincial aprobó la Ordenanza N.º 897-CMPC, mediante la cual se deroga una norma de 1994 y se aprueba un nuevo Reglamento de la Zona Monumental de Cajamarca. Este reglamento debía ser publicado, según lo ordena el artículo 7 de dicha ordenanza, tanto en el Diario Judicial como en el portal institucional. ¿La finalidad? Darle vigencia y aplicabilidad al documento técnico que debía ordenar, regular y proteger el centro histórico de la ciudad.
Sin embargo, pasaron los meses y la publicación nunca se realizó. No se trataba de un trámite complejo. No exigía presupuesto adicional, ni licitaciones, ni personal extra. Solo hacía falta voluntad y respeto por la ley.
Frente a esa omisión, la Asociación de Vecinos del Centro Histórico decidió actuar legalmente, interponiendo una acción de cumplimiento. Y el Poder Judicial, luego de verificar que se incumplió con un mandato legal claro, vigente, obligatorio e incondicional, ordenó a la Municipalidad cumplir lo que ella misma dispuso.
Ante ello Luis Torres se pregunta “¿de qué intromisión habla el alcalde? ¿Desde cuándo hacer cumplir la ley es un acto de agresión institucional? La sentencia es tajante: el requerimiento previo para la publicación fue formulado con fecha cierta, y la Municipalidad guardó silencio. No respondió. No corrigió. No actuó. Las interrogantes también toman protagonismo: ¿Por qué no publicaron el Reglamento? Aquí la historia toma un giro aún más preocupante. Si la Municipalidad tenía la norma, tenía el contenido del reglamento, tenía los medios técnicos, y tenía el mandato expreso de publicarlo…” enfatiza.
“¿Por qué no lo hizo? ¿Qué intereses hay detrás de mantener oculto un reglamento que ordena el uso del espacio público en el centro histórico? ¿A quién incomoda que exista una norma que limite la informalidad, el desorden y la ocupación indebida del patrimonio urbano? ¿Por qué se optó por el silencio antes que por la transparencia? El alcalde prefiere hablar de obstáculos judiciales, cuando el verdadero obstáculo es la falta de voluntad para gobernar con legalidad” cuestiona Torres.
En un párrafo de la propia sentencia, que también hemos publicado, se hace mención a la exigencia de los vecinos por la restitución de la Subgerencia de Planificación y Control Histórico, entidad clave para proteger el casco monumental. La Municipalidad ni siquiera respondió ese punto. Lo omitió, como ha omitido todo lo que representa una verdadera reforma del centro.
“De todo este contexto, salta la conclusión clara: El Poder Judicial no está “bloqueando” la autoridad municipal”. Si no, está obligando a que esa autoridad funcione, a que cumpla la ley, a que respete a sus ciudadanos, y a que no use las ordenanzas como papeles decorativos”.
Luis Torres, alerta también que no debemos olvidar al empresariado del centro histórico, que debe estar sumamente afligido por todo lo que se podría producir contra sus negocios, por lo que es importante recordarle su deber como máxima autoridad política, de organizar, planificar y crear formas de solución. “Particularmente escucharlo lamentarse por los efectos de la recesión es, francamente, inaceptable. La situación exige decisiones firmes, no discursos resignados. Si reconoce que la economía local está siendo devastada, entonces debe actuar de inmediato, porque tiene las herramientas para hacerlo”.
En la misma línea, agrega el analista, La Gerencia de Desarrollo Económico no puede seguir siendo un órgano decorativo. Fue creada para dinamizar la economía local, generar empleo, promover inversión y facilitar el crecimiento del sector productivo. Pero a la fecha, no cumple su función con eficacia ni responde a las verdaderas demandas del territorio. Se necesita con urgencia una gerencia técnicamente idónea, activa y estratégica, capaz de materializar las razones para las cuales fue creada. Su labor no puede limitarse a clausurar negocios o imponer sanciones. Debe liderar la reactivación económica, articulando esfuerzos con el sector privado, asociaciones, emprendedores y ciudadanía” concluye.
