Investigación revela intento fallido de gestionar defensa legal con recursos del Estado por delitos que no guardan relación con funciones públicas.
En un nuevo capítulo de controversias que sacuden al Gobierno Regional de Cajamarca, se ha conocido que el gobernador regional Roger Guevara Rodríguez, junto a otros altos funcionarios, intentó acceder a recursos públicos para costear su defensa legal en un proceso penal que se tramita por presunto lavado de activos provenientes del crimen organizado.
Según la Resolución de Gerencia General Regional N.° D208-3-2025, el mandatario cajamarquino, acompañado por la vicegobernadora Magda Farro Sánchez, la directora de Defensa Civil Eliana Alvarado, la directora de Abastecimiento Lisset Silva y el especialista en contrataciones Juan Llanos, solicitó que el Gobierno Regional asuma los costos legales de su defensa en una investigación abierta en la Primera Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.
La solicitud, registrada bajo el expediente MAD N.º 00775-2025-037292, fue motivada por una indagación fiscal iniciada tras la denuncia formulada por la congresista Tania Ramírez, y que actualmente es materia de investigación en Lima. La hipótesis fiscal es clara: se investiga un presunto incremento patrimonial injustificado y actos de conversión de dinero de origen ilícito, que no tendrían vínculo alguno con funciones o actos administrativos propios de sus cargos públicos.
A pesar del esfuerzo argumentativo de los solicitantes, los informes legales del propio Gobierno Regional concluyeron que no existía sustento legal para que el Estado asuma la defensa de los involucrados, ya que los hechos imputados no derivan del ejercicio regular de sus funciones ni responden a decisiones adoptadas en el marco de la función pública. Es decir, se trataba de una responsabilidad personal y no institucional.
En efecto, la norma citada por los solicitantes, el artículo 35 de la Ley del Servicio Civil, solo aplica cuando los procesos legales derivan directamente del ejercicio de funciones públicas. Y en este caso, se señala que el delito de lavado de activos, de naturaleza autónoma, no requiere que exista una sentencia previa ni investigación formal sobre el delito fuente, bastando indicios razonables sobre el origen ilícito del dinero.
La resolución fue categórica: la solicitud fue declarada improcedente. De haberse aprobado, se habría configurado un posible uso indebido de más de 100 mil soles en asesoría legal para una defensa particular. No se especificó con exactitud el monto, pero fuentes internas señalan que la cifra planteada en conversaciones internas oscilaba los seis dígitos.
La pretensión, además, revela un patrón repetitivo: autoridades investigadas por corrupción intentando blindarse con recursos del propio Estado que, paradójicamente, tienen el deber de resguardar. Mientras tanto, la ciudadanía permanece como testigo impotente ante este tipo de maniobras que, si bien esta vez no prosperaron, evidencian una peligrosa confusión entre lo público y lo privado.
“Van a decir que es discriminación, pobrecitos, encima el GORE tiene que pagarles el abogado”, comentó de manera irónica un funcionario que prefirió mantenerse en reserva. Pero más allá del sarcasmo, el mensaje es claro. Los funcionarios deben asumir su responsabilidad penal con recursos propios cuando los hechos no guardan relación con sus cargos.
La pregunta de fondo sigue en el aire. ¿Cuántas veces más se intentará desviar fondos públicos para salvar a autoridades bajo la sombra de investigaciones graves? Por ahora, la denuncia sigue su curso en Lima y el desenlace judicial está en manos del Ministerio Público. La ciudadanía, una vez más, deberá esperar.
