Un informe elaborado por la Comisión de Fiscalización del Congreso ha revelado serias irregularidades en los procesos de contratación de personal en el Legislativo, donde se habría priorizado la apariencia física de las funcionarias por encima de sus competencias profesionales.
La investigación se originó tras las denuncias sobre una presunta red de prostitución que habría operado dentro del Parlamento. Si bien la comisión descartó la existencia de dicha organización delictiva, sí identificó un patrón sistemático de contrataciones en las que primaron criterios sexistas y discriminatorios.
En la página 44 del informe, se cita el caso de Andrea Vidal, exfuncionaria del Congreso que fue asesinada en circunstancias aún no esclarecidas. Según el documento, su ingreso en octubre de 2023 al área de Asesoría Legal y Constitucional se habría facilitado debido a su cercanía con Jorge Torres Saravia, entonces jefe de dicha oficina.
Pese a contar con apenas dos años de egresada de la carrera de Derecho, Vidal fue contratada con un sueldo mensual de S/ 7,000. La Comisión señala que su apariencia física habría sido un factor determinante para su incorporación, en lugar de su experiencia profesional.
El informe también menciona los casos de Isabel Cajo y Alexandra Gil, amigas cercanas de Andrea Vidal, quienes fueron contratadas bajo circunstancias similares. Cajo, con estudios básicos y recién iniciada en Derecho, fue inicialmente incorporada al área de Bienes y luego reubicada en el área legal mediante una adenda considerada sospechosa. Por su parte, Gil ingresó como bachiller en Derecho, pero sin la experiencia requerida para el cargo.
“En estas contrataciones, se ha advertido que primaron criterios relacionados con la belleza física de las postulantes, en lugar de su idoneidad profesional”, concluye el informe, apuntando a un patrón de decisiones influenciadas por sesgos sexistas.
Aunque se descartó la existencia de una red criminal, la Comisión de Fiscalización calificó lo ocurrido como un “festín de contrataciones” dentro de un entorno “sensual y sexista”, que podría configurar el delito tipificado en el artículo 381 del Código Penal: nombramiento o contratación ilegal de personal.
Fuente: Jaime Abanto Padilla
